El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, cambió ayer de estrategia y decidió permitir coauspiciadores para su proyecto 870, que impulsa permitir que las empresas públicas de Puerto Rico tengan acceso al Capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
El comisionado residente Pedro Pierluisi había querido evitar que la legislación se convirtiera en un proyecto demócrata.
Pierluisi había querido evitar que la legislación se tornara en un proyecto demócrata -lo que ya sucede con la medida del Senado y comenzó a ocurrir con su legislación-, pero afirmó que colegas comenzaron a advertirle que sus electores le cuestionaban por qué no apoyaban la medida.
CATORCE COAUSPICIADORES. Ayer, se sumaron 14 demócratas al proyecto 870, aunque Pierluisi todavía piensa que la medida -frenada por la mayoría republicana del Congreso-, no debe ser considerada de corte partidista.
“El proyecto de ley no le costaría al gobierno federal un solo centavo, ha sido respaldado por al menos 90 organizaciones e individuos, entre ellos numerosas personas y organizaciones conservadoras como Americans for Taxpayer Reform y el Council for Citizens Against Government Waste. La semana pasada, el reputado conservador Ramesh Ponnuru escribió un artículo de opinión apoyando el proyecto”, indicó Pierluisi.
La líder de la minoría, Nancy Pelosi; el portavoz demócrata en el Comité de lo Jurídico, John Conyers; el responsable de la minoría en el subcomité de Reformas Regulatorias, Hank Johnson; y los tres congresistas demócratas puertorriqueños – José Serrano, Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez-, están entre los coauspiciadores.
El subcomité de Johnson fue el que examinó en audiencia pública el 870, que tiene que ser tramitada a través del Comité de lo Jurídico.
También se sumará al proyecto el presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes, Xavier Becerra, número cuatro de la minoría. Otros coauspiciadores son los congresistas Charles Rangel, Raúl Grijalva , Ted Deutch, Alan Grayson y los delegados Eleanor Holmes Norton (Distrito de Columbia); Madeleine Bordallo (Guam) y Gregorio Kilili Camacho Sablan (Islas Marianas del Norte).
El proyecto similar del Senado, el 1774, tiene 14 coauspiciadores, todos demócratas. Ambos proyectos tienen el apoyo del secretario del Tesoro, Jacob Lew, y de la Casa Blanca.
En medio de la oposición de firmas de inversiones, el presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, el republicano Bob Goodlatte, anunció en julio que el 870 no tiene los votos para seguir adelante.
EN EL SENADO. Se prevé que en algún momento pueda haber una audiencia en el Comité de lo Jurídico del Senado, pero su presidente, Charles Grassley, no favorece la legislación.
Pierluisi recordó que Puerto Rico fue parte del Capítulo 9 entre 1938 y 1984, cuando fue excluido sin explicación alguna.
Ahora, firmas de inversiones y grupos conservadores, como la Asociación 60 Plus, han convencido a los republicanos de que no se debe incluir las corporaciones públicas de Puerto Rico -algunas de las cuales pueden quedar insolventes-, pues ello representaría un cambio en las reglas bajo las cuales bonistas compraron participación en la deuda del gobierno puertorriqueño.
“El Capítulo 9 proporciona un foro para que los tribunales federales tomen en cuenta los mejores intereses de todas las partes envueltas y se llegue a una solución justa, equitativa y vinculante. El Capítulo 9 puede ser una herramienta útil incluso si no se utiliza, ya que la mera posibilidad de una presentación de Capítulo 9 por parte de una corporación pública puede fomentar negociaciones voluntarias entre una corporación pública y sus acreedores”, afirmó Pierluisi.
