Es difícil encontrar la tienda en la que el asesino de Orlando compró el rifle semiautomático con el que mató el pasado domingo a 49 personas en una discoteca gay. El St. Lucie Shooting Center, a dos horas en coche de Orlando, está ubicado al final de una calle de una zona de naves industriales de Port Saint Lucie, en el sureste de Florida. El único cartel para identificar el lugar es uno pequeño en la puerta de la tienda.
Omar Mateen la visitó hace dos semanas. El pequeño comercio está a 19 kilómetros al sur de Fort Pierce, el municipio costero en el que vivía el estadounidense de origen afgano de 29 años. Mateen, que murió abatido por la policía tras su asalto a la discoteca Pulse, compró una pistola y un rifle de estilo militar.
Las autoridades dijeron inicialmente que había usado un rifle AR-15, pero luego que era un MCX, un modelo similar que es utilizado por policías y militares de élite. Los rifles AR-15 permiten disparar hasta ocho balas por segundo y han sido usados en otras matanzas recientes en Estados Unidos, como el tiroteo en una escuela de Newtown (Connecticut) en 2012 con 26 víctimas o el del centro sanitario en San Bernardino (California) en 2015, donde murieron 14 personas.
El propietario de la armería ha asegurado a medios locales que Mateen tuvo que esperar el máximo de tres días exigido por ley para poderse llevar el fusil militar una vez aprobada la revisión de sus antecedentes penales. Pero uno de los vendedores explica que el proceso se suele resolver en apenas 15 minutos. “Es el Gobierno el que decide”, dice. Detrás suyo, cuelgan en una pared decenas de rifles. En otra, escopetas. Hay grandes fotografías de militares posando con armamento pesado.
El proceso de venta es sencillo. El comprador entrega un documento de identidad (un carné de conducir basta) que demuestre que vive en Florida. Los datos se introducen en un ordenador conectado con la base de datos del sistema federal de revisión de antecedentes. Y si se carece de ellos, la transacción se aprueba. En Pensilvania, todo el proceso puede tardar siete minutos, según informaciones periodísticas.
Los antecedentes que impedirían la venta son tener una condena en firme u orden judicial por un delito que pueda acarrear una posible pena de más de un año de cárcel, el uso ilegal de sustancias adictivas, una declaración de deficiencia mental por parte de un juez o la ausencia de permiso de residencia en EE UU.
Resquicios que permiten tiroteos
En las tiendas que no están conectadas a la base de datos, las comunicaciones suelen hacerse por teléfono. La ley establece que, si en tres días el Gobierno no ha dado respuesta, la venta puede efectuarse, lo que ha permitido la venta de armas usadas en tiroteos. Ese resquicio permitió que el supremacista blanco que mató hace un año a nueve personas negras en Carolina del Sur se hiciera con un arma cuando sus antecedentes por uso ilegal de fármacos se lo habrían impedido.
En paralelo, hay leyes estatales que favorecen determinadas ventas: Florida obliga a los compradores de pistolas a tener 21 años y a esperar tres días desde su visita a la tienda, pero esa espera no existe en las ventas de rifles o escopetas y la edad mínima se reduce a los 18 años.
Mateen compró legalmente la pistola y el rifle. Tras la matanza, crecen las voces que piden que las personas que están en la lista del FBI como sospechosos de terrorismo no puedan comprar armas. Pero eso no habría impedido la venta al tirador, dado que el FBI, que investigó al autor de la matanza de Orlando, lo sacó de su lista en 2014.
La tienda de Port Saint Lucie integra una industria gigantesca. Con 321 millones de habitantes, se calcula que hay en EE UU unos 270 millones de armas de uso privado, un derecho amparado por la Constitución. Es la proporción más alta del mundo.
Los vendedores, que van armados, hacen pocas preguntas. Permiten rápidamente probar un rifle AR-15 sin munición, cuyo precio oscila entre los 680 y los 1.100 dólares, impuestos aparte. Pesan poco y son fáciles de manejar. Llevan cartuchos de 30 balas por 15 dólares. También se comercializan pistolas (entre 189 y 1.300 dólares) y un sinfín de accesorios. Hay un área de disparos recreativos. En los mostradores, se dispensan tarjetas de abogados y de la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso lobby armamentístico.
Cuando este periodista explica que no reside en Florida, y que, por tanto, no puede comprar un arma, el vendedor responde: “Ojalá te la pudiera vender”.
