La más reciente orden del Departamento del Trabajo Federal de imponer multas a agricultores «es el resultado de la imposición a mansalva de las disposiciones de la ley federal del salario mínimo en la Isla a los trabajadores del campo», señaló Wilfredo Ruiz Vargas, respetado empresario con décadas de labor en la industria cafetalera y uno de los afectados por la situación. Ruiz Vargas opera la empresa agrícola Beneficiado Las Indieras en Yauco.
«Este problema se inicia en el 2010-2011, cuando el Departamento del Trabajo Federal se reúne con el Departamento de Agricultura local, para orientarlos cómo proceder con la industria para cumplir con ciertos requisitos federales, no estatales. En aquel momento se pagaba $5.00 por almud, y los federales impusieron el pago de $7.25 hora, lo que eliminaba por completo el margen de ganancia, porque nuestra industria está muy reglamentada. En aquel momento Javier Rivera Aquino era Secretario de Agricultura y se inician las intervenciones con varios caficultores sobre el pago de salario mínimo federal. En ese momento los agricultores intervenidos pedimos ayuda al comisionado residente Pedro Pierluisi para solicitar ayuda a nivel federal y también acudimos al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, así como al Departamento de Agricultura local. Nuestro reclamo era que se cumpliera con la ley de revisión del café y poder pagar el mínimo federal a los trabajadores, pero que hubiera algún margen mínimo de ganancia y así cumplir con las disposiciones federales. Nunca se cumplió con la ley de revisión del café y ahora estamos en una situación precaria por esa realidad», aseguró Ruiz Vargas
El empresario aseguró que defiende que se le pague el salario justo a los trabajarores del campo, pero que el Gobierno tiene que entrender que hay que revisar el precio del café, «porque a todos nos gusta la tacita de café por las mañanas y acogemos con cariño nuestra tradición cafetalera que tanto prestigio le ha dado a Puerto Rico. Pero la realidad es que la industria cafetalera es un negocio que debe ser justo para el agricultor que produce. Sólo así vamos a salvar esta industria», aseveró Ruiz Vargas.
En la revisión del precio del café realizado en el 2015, no se contempló hacerle justicia salarial a los trabajores agrícolas, por lo que Ruiz Vargas emplazó a la actual administración a hacerlo, «porque la pasada administración tampoco lo hizo. Si hay compromiso con los caficultores, el momento de actual es ahora. Las multas no resuelven el problema, son las agencias del gobierno quienes tienen el poder de hacerlo».
La industria del café puertorriqueño ha estado regulada principalmente por los Departamentos de Agricultura (DA), del Trabajo (DT) y de Asuntos del Consumidor (DACO) del Estado Libre Asociado, pero no había sido sometida al escrutinio de inspectores federales que, mediante visitas sorpresa a fincas y oficinas de caficultores, completaron en 2012 varios operativos en diversas fincas, no solamente de café, sino de frutas y farináceos, señalando multas que en algunos casos sobrepasan los $100,000 por finca.
En años recientes, la inestabilidad en la concesión de incentivos para la siembra, como el suministro de abonos, ha afectado la producción local, que para colmo sigue amenazada por brotes destructivos como el de la broca, un insecto que destruye las cosechas de café, según denunciaron caficultores de la región central y del oeste del país.
