El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, arremetió esta mañana contra la administración del Partido Popular Democrático (PPD) por haber inflado la nómina gubernamental durante los pasados cuatro años contratando a diestra y siniestra a amigos del alma y parientes del corazón para luego impulsar el despido de miles de empleados públicos.
La denuncia surge luego de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) presentara ante la Junta de Supervisión Fiscal un plan para cesantear a unos 3,460 servidores públicos con el pretexto de ahorrar unos $151.3 millones en nómina.
«Esto no hubiese pasado si no se hubiese contratado tantas personas con tan jugosos beneficios. Desde el 2013 hemos venido advirtiendo que esta administración ha impulsado una política de contratación de personal, afiliados al partido popular, sin pensar en el impacto que esta acción tendría en el presupuesto del gobierno. Hoy vemos la realidad, que fue una táctica para despedir a empleados que no militan en sus filas», señaló Aponte Hernández.
«Al mismo tiempo que le inventaban un sombrío cuadro fiscal a nuestra gente, la administración del PPD echó a un lado cualquier control que existiera ordenando la contratación masiva de nuevo personal, afiliado al partido popular, en un intento de atornillar a cientos de activistas políticos de cara a una inminente derrota electoral en noviembre», agregó el líder legislativo.
Aponte Hernández añadió que «tan reciente como el pasado mes de junio la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (Comunidades Especiales) abrió las puertas a decenas de nuevas convocatorias para puestos de trabajo, aumentando así, dramáticamente, la nómina de esta dependencia».
Para el mismo tiempo, la Secretaria de Salud, la Doctora Ana Ríus, autorizaba la contratación de por lo menos una docena de personas para puestos administrativos con sueldos individuales que sobrepasan los $6,000 al mes.
«A mediados de mayo revelamos que en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado se estaba buscando un Director de Apelaciones con un sueldo de $5,898.00, un Asesor Legal con paga de $4,518.00, un Ayudante Técnico con salario de $2,065.00, entre otras posiciones. Irónicamente, ninguna de las convocatorias era para un puesto de servicio directo al lesionado, razón de ser del Fondo. En el Departamento de Hacienda, donde supuestamente no hay dinero para pagarle a los contratistas y suplidores del gobierno, el actual Secretario abrió un proceso de reclutamiento de personal incluyendo varios puestos con salarios que rondan los $5,000 al mes», dijo el representante del Partido Nuevo Progresista.
Además, en la Compañía de Fomento Industrial atornillaron a empleados de confianza en puestos de carrera, ofreciendo a cada uno sueldos sobre los $72,000 al año.
A estas nuevas contrataciones le tenemos que incluir lo que sucedió en el Cuerpo de Bomberos, donde se han aprobado asensos y nuevos reclutamientos que elevaron el gasto anual recurrente de la agencia en sobre $600,000. Lo mismo ocurrió en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, en donde la nómina aumentó, también, en sobre $600,000.
La jauja de nuevas contrataciones ya ha aumentado la nómina gubernamental en millones de dólares al año.
«Ahora el Gobernador y el Director de OGP, Luis Cruz Batista, recomiendan a la Junta esa reducción para después echarle la culpa y decir que no fuimos nosotros, fueron los Americanos, en una acción politiquera y de corte ideológico, pero el pueblo ya no se deja engañar», culminó diciendo Aponte Hernández.
