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Como parte de su agenda legislativa para el próximo cuatrienio que inicia en enero, el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, anunció que radicará dos importantes medidas dirigidas a mejorar la calidad y la prontitud de los servicios ofrecidos a las personas más necesitas de la Isla ante la presente crisis económica.
El primer proyecto de ley buscaría establecer el Centro de Servicios Gubernamentales Integrados para Personas con Discapacidades para que este sector de la población pueda recibir servicios de diferentes agencias gubernamentales en un mismo lugar.
«Nuestra población discapacitada necesita recibir los servicios que ofrece el gobierno bajo un mismo techo. Como está ahora, que no todas las oficinas están en un mismo lugar, una persona con impedimentos se ve forzada a moverse de una dependencia a otra para que le otorguen algo tan sencillo como un permiso de estacionamiento. Lo mismo ocurre cuando hay que despachar un sillón de ruedas o una cama de posiciones. La intención de esta medida es facilitar estas importantes gestiones», explicó el representante del Partido Nuevo Progresista en comunicación escrita.
Aponte Hernández sostuvo que el proceso no sólo es tedioso, sino que tampoco es viable en muchos casos debido a la logística de tener que trasladarse de edificio a otro, o hasta transportarse de un municipio a otro para recibir los servicios solicitados. Esto debe terminar ya.
En su comienzo, el Centro estaría integrado por personal adscrito a la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos, los Departamentos de Educación, la Familia y el de Salud. También están integrados al concepto la Administración de Rehabilitación Vocacional, así como el Departamento de la Vivienda y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
En Puerto Rico se estima que existe alrededor de un millón de personas con diversas discapacidades.
La otra medida facilitaría el establecimiento de Centros de Servicios Integrados de Organizaciones sin Fines de Lucro, autorizando al Gobierno a identificar una facilidad en desuso y dirigirla en oficinas, con una renta nominal de un dólar, para que estas organizaciones sin fines de lucro puedan ofrecer sus respectivos servicios bajo un mismo techo.
«Las organizaciones sin fines de lucro contribuyen, día a día, a la solución de problemas sociales en la Isla, ofreciendo servicios relacionados a la salud, educación y recreación, entre muchos otros y con un costo mucho menor para el gobierno. Al igual que todos los que vivimos en Puerto Rico, estas entidades, no están ajenas a la situación fiscal que confrontamos. El encarecimiento de servicios básicos tales como renta, agua, luz, teléfono, entre otros, afectan significativamente la capacidad de servicios que estas organizaciones pueden ofrecer. Por eso es que sugerimos la consolidación de esfuerzos bajo con la ayuda gubernamental», dijo el expresidente cameral.
El líder estadista indicó que actualmente el gobierno estatal posee muchas propiedades que no están siendo utilizadas. El uso de estas podría ser una solución para reducir los costos operacionales de dichas entidades y a la misma vez mantener las mismas.
Se estima que estas entidades atienden un sector de nuestra población que puede rondar las 800,000 personas.
«Es hora de comenzar una nueva dinámica para ayudar a nuestros más necesitados. Este es el primer paso de muchos que debemos y vamos a recorrer», terminó diciendo el representante del PNP.
