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La senadora popular por acumulación Rossana López León denunció la intención del nuevo gobierno de eliminar lo que se conoce como la Oficina de Comunidades Especiales, sin discusión alguna o vistas públicas. «Este proyecto que la mayoría en el Senado, con la anuencia de La Fortaleza pretende aprobar, establece en su título que enmendaría la Ley 1 de 2001 que creó la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio Economico y la Autogestión, lo que conocemos como Comunidades Especiales. Sin embargo, establece a su vez que sustituiria la ley actual adscribiéndola bajo la Oficina del Gobernador con el nuevo nombre de Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario», aseguró la senadora por acumulación.
López León, quien presidió la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado durante el pasado cuatrienio, explicó que las garantías a las comunidades estarán bajo el poder del director nuevo de esta oficina «y ya hemos visto, en el caso de las expropiaciones en Guaynabo, cómo se menosprecian los derechos de los más necesitados. Y yo he estado consistentemente en contra de eso».
En el proyecto que planea la nueva administración novoprogresista, la Junta del Fideicomiso es eliminada y se crea una nueva reduciéndola de 11 a 7 miembros, donde todos los nombramientos los hace el Gobernador Rosselló y en cualquier momento estos pueden ser despedidos. «Lo peor es que en esta iniciativa tan injusta y cargada de politiquería, no hay ninguna participación de las comunidades. Todo es absolutamente controlado por el Gobernador. Encima de eso, le echan mano a los $3,000 millones del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales», abundó la senadora popular.
El Senado se prepara para su primera sesión ordinaria para mañana lunes, y se espera que dicho proyecto pueda ser bajado por descargue. «Mi llamado a las comunidades, al liderato, a todos los que entiendan que Comunidades Especiales ha realizado labores positivas en sus pueblos, que se opongan a esta intención del nuevo gobierno. Este proyecto, en resumen, lo que busca es eliminar la participación ciudadana y apoderarse de los recursos económicos para usos distintos al bienestar comunitario», finalizó López León.
