Las renuncias simultáneas de la pasada presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Celeste Freytes González, y de 10 rectores de los 11 recintos la noche del 16 de febrero será investigada por el Alto Cuerpo luego de que en la sesión de hoy se aprobara la Resolución del Senado 113 a esos fines con 20 votos a favor y nueve en contra.
Tanto Freytes como los rectores involucrados presentaron sus respectivas dimisiones a los puestos que ocuparon justo cuando se le requirió a la administración de la UPR proveer información sobre la situación fiscal de la Institución. También, cuando, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), comenzó a requerir que se presente un Plan Fiscal que incluya recortar las aportaciones del Estado a la UPR por más de $300 millones anuales.
La autora de la medida, la senadora Margarita Nolasco Santiago, expuso que su preocupación como académica es preguntar “¿qué pasó? Porque no es usual. Debe haber una razón y una explicación y qué mejor que una investigación seria en el Senado de Puerto Rico. ¿Todos quisieron a la vez? ¿Hubo una planificación? Si hubo ¿planificación eso es delito? Esos son cosas que nos debemos preguntar e investigar. Uno tiene que ir con todas las alternativas y que salga lo que tenga que salir”.
El portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, aclaró que la intención de la medida no es una política sino administrativa para evitar que situaciones similares se vuelvan a repetir. Por su parte, la senadora Rossana López León comentó que los trabajos se deben concentrar en “cómo vamos a salvar la UPR y colocarla en el sitial que debe estar en nuestro País”.
En la Resolución, radicada el día después de que se produjeran estas renuncias en masa, la senadora Nolasco Santiago expuso que la renuncia simultánea “es un suceso sin precedente que amerita ser atendido con responsabilidad y diligencia con el fin de mitigar el potencial de producir inestabilidad administrativa y operacional a través de todo el sistema”.
Por su parte, el senador Miguel Romero Lugo, luego de hacer un resumen sobre las alternativas económicas que ha presentado el Gobierno a favor de la UPR, comentó que “nuestros estudiantes, familias puertorriqueñas y la comunidad universitaria deben de estar consciente de las cosas que están haciendo y de lo que se puede hacer más allá del derecho a protestar”.
El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, se expresó en contra de la medida “pero investigar la renuncia simultanea ver de que manera eso produce qué. Al final del camino busca abonar a un clima de división”. Mientras tanto, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, informó mientras se debatía la medida que votaría a favor de la misma a pesar de considerar que la misma “es una pérdida de tiempo”.
La aprobación de esta medida se da a la par de que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares solicitara esta mañana a la JSF reducir los gastos de $450 millones a $241 millones con mecanismos adicionales de recaudo con ingresos adicionales no contemplados en el recorte original propuesto por la JSF.
En temas de salud, la Comisión de Salud investigará las medidas que ha tomado la Administración de Seguros de Salud (ASES) para cumplir con los estándares federales de la ‘Adecuación de la Red’ (Network Adecquacy Standards) y su efecto en la obtención de fondos. Esto será posible luego de que se aprobara la Resolución del Senado 112, presentada por la senadora Zoé Laboy Alvarado.
En la Exposición de Motivos de la medida, se indica que a finales del 2016 el exdirector de ASES, Ricardo Rivera Cardona, advirtió que sería “nefasto” para el sistema de salud la posible pérdida de millones de dólares de fondos federales de entre esa fecha y diciembre 2017.Conseguir la paridad para Puerto Rico en salud para Medicaid y Medicare significa cerca de $1,300,000,000. Por otro lado, el Plan de Salud del Gobierno (PSG), que sirve a casi el 50 por ciento de la población, recibe cerca de $2,800,000,000, lo que representa entre $230,000,000 y $250,000,000 que se inyectan todos los meses a la economía local.
Según la Resolución, los Estándares de Adecuación de la Red se refieren a la capacidad de un plan de salud para conceder los beneficios ofrecidos al proporcionar acceso razonable a un número suficiente de médicos primarios en la red y especialistas, así como a todos los servicios de salud incluidos en los términos del contrato. El “Affordable Care Act” requiere que los planes de salud cualificados cumplan con los “Network Adecuacy Standards”. Esto incluye garantizar a los consumidores tener acceso a la atención necesaria sin demora irrazonable. Sin embargo, ha habido una tendencia reciente en la industria de seguros de salud de ofrecer una selección limitada de proveedores para los miembros.
Por otra parte, y ante el alza en las ejecuciones de viviendas principales, contó con el aval del Alto Cuerpo la Resolución del Senado 117 que propone investigar los procesos de mediación judicial ordenados mediante la Ley Número 184 de 2012 que inserta el proceso de mediación entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en los procesos de ejecución de hipoteca (foreclosure) de propiedades dedicadas a vivienda en Puerto Rico. El autor de la medida, el senador Carmelo Ríos Santiago, detalló en la medida que es motivo de preocupación la posibilidad de que la legislación “no se está cumpliendo a cabalidad”.
Ríos Santiago adelantó que está en el proceso de radicar más medidas enfocadas en la industria hipotecaria para crear salas especializadas en ejecución de hipotecas y para atender casos de mediación compulsoria. También, subir a 90 días el retracto litigioso, entre otras.
