El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz junto al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunciaron esta mañana una serie de enmiendas al Proyecto de la Cámara 938, las cuales buscan proveer mayores beneficios a los trabajadores de las corporaciones públicas de Puerto Rico.
Los líderes legislativos detallaron alrededor de ocho importantes cambios que serán incorporados a la medida, mejor conocida como la “Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal del Gobierno’, entre los cuales se destacan garantías para las aportaciones al Plan Médico para unos 26,537 empleados de dichas corporaciones.
“Esta Asamblea Legislativa promete, trabaja y cumple. Heredamos un gobierno en bancarrota y todos tenemos que aportar para solventar la crisis fiscal por la que atravesamos. Por eso, y atendiendo las preocupaciones de los sindicatos en vista pública es que presentamos estas enmiendas para no trastocar los beneficios marginales de los empleados. Tampoco, se tocará el plan médico de los 101 mil empleados del Gobierno Central. Este Proyecto no está escrito en piedra porque a medida que vayamos recuperando la salud fiscal y económica restituiremos los derechos por los que tanto han trabajado”, dijo el presidente del Senado, Rivera Schatz quien reabrió la Oficina de Asuntos Laborales y desde la cual en su primer cuatrienio como Presidente intervino en múltiples acuerdos y convenios con los sindicatos.
Por su parte, el líder cameral Johnny Méndez comentó en conferencia de prensa celebrada en el Capitolio que “reconocemos la importancia que tiene, contar con un plan médico, por eso insistimos en enmendar la medida para no tocar, por un año el nivel de aportación que hace el gobierno a los mismos. Esto nos brinda el espacio necesario, tanto a la Legislatura, como al Ejecutivo, para identificar unos $135.8 millones en ahorros, los cuales están plasmados en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. De esos recursos, ya hemos identificado cerca de $30 millones y continuaremos en eso. Además, todo empleado, o su familiar, que tenga una enfermedad catastrófica, crónica o terminal preexistente mantendrá el mismo nivel de la aportación durante todo el tiempo que permanezca en el servicio público”.
Acompañando a los líderes legislativos se encontraban el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cámara, el representante Antonio ‘Tony’ Soto Torres y la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, senadora Migdalia Padilla Arvelo, al igual que el senador Miguel Romero, presidente de la Comisión de Gobierno.
Por su parte, Soto Torres afirmó que “después de haber escuchado a las uniones en vista pública hemos estado trabajando en conjunto sobre las enmiendas al Proyecto para crear un Comité de Cumplimiento con el Plan Fiscal compuesto por un representante del Gobernador, uno del Presidente Senado y uno del Presidente Cámara. Este Comité está autorizado a realizar una determinación de dejar sin efectos las medidas de responsabilidad fiscal de este Proyecto en el momento que salgamos de la contracción económica, y sí el fisco así lo permite, creando un justo balance en atender la crisis y colocar un tiempo para que se devuelvan los mismos. También garantizamos que las disposiciones de la Licencia Vacaciones no les aplicarán a los empleados docentes del Departamento de Educación, así como empelados docentes de cualquier entidad del gobierno, y a los agentes del orden público de la Policía”.
“Es importante dejar claro, que esta medida no elimina el derecho de las uniones a negociar condiciones de trabajo, salarios, y otras disposiciones económicas no contenidas en la presente legislación. Nuestra prioridad es que no se les trastoque el plan médico a nuestros empleados públicos”, reiteró el Representante Soto Torres.
La senadora Padilla Alvelo reconoció el compromiso de los presidentes de Cámara y Senado ya que ambos recurrieron a todas las opciones a su alcance para lograr una medida menos restrictiva para los trabajadores.
“Después de escuchar las organizaciones y sindicatos se incorporaron unas enmiendas a la versión original de la Fortaleza. Entiendo que es una medida difícil, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. No se trata de impactar sólo algunos y a otros no. Me siento satisfecha con el trabajo legislativo que se ha hecho durante las vistas públicas de análisis de esta medida”, sostuvo la senadora.
“Nada se puede llamar que sea la solución perfecta. Tenemos que entender que estas medidas son menos perjudiciales versus la recomendación de la propia JSF. Además todas fueron incluidas en el Plan Fiscal del Dr. Ricardo Rosselló y fueron certificadas por la Junta”, comentó la presidenta de la Comisión de Hacienda.
El presidente del Senado, sentenció que “los beneficios de los empleados, así como la salud fiscal del Gobierno son parte de nuestras prioridades como Administración. El cuatrienio pasado todo se decidía de forma arbitraria, sin comunicación entre ambas cámaras y el Ejecutivo y de espaldas al pueblo lo que provocó que el nivel crediticio fuera clasificado como chatarra. Este Gobierno no es así porque trabajamos en conjunto, a la luz del día y con un mismo norte: defender los trabajadores. Los sindicatos pidieron que los escucháramos en vistas públicas, eso hicimos y por eso le presentamos unas enmiendas con un lenguaje más sensible y efectivo que dictamina que no se eliminará el derecho a la negociación por condiciones de trabajo y salario, entre otras. Es esto o las medidas de control fiscal que pretendía imponer la Junta de Control Fiscal. Creo que todo el País prefiere sacrificarse un poco para luego poder disfrutar de una economía robusta y estable que es lo que se merecen las futuras generaciones”.
Méndez Núñez recalcó que “estamos aquí hoy, luchando para salvar a nuestros empleados públicos, por la irresponsabilidad de la pasada administración, la cual nunca atendió el asunto fiscal y jamás controló el gasto público a pesar de que tuvieron más recaudos que ningún otro gobernó en la historia. Como ejemplo, el presupuesto de los pasados cuatro presupuestos promediaban alrededor de $10,632 millones, estos son alrededor $1,000 millones más que el ultimo que nuestra administración les dejó en el 2012. Ante este panorama, la Junta quiere, y así lo hizo público a principios del mes de marzo, imponernos medidas draconianas para restablecer el orden fiscal que el PPD destruyó. Quiere que se despidan 45,000 empleados públicos, reducirle entre 2 y 4 días de trabajo a otros 70,000 y quitarle el plan médico a unos 700,000 puertorriqueños. Eso no lo vamos a permitir”.
El presidente cameral también anunció otra enmienda que por primera vez provee a todo empleado del gobierno cuyo hijo se encuentre cursando estudios en el Programa de Educación Especial tendrán 10 horas por semestre, pagas, para hacer gestiones con estos. Esta disposición no estaba en el proyecto original.
Los líderes legislativos también anunciaron el final de las lujosas compensaciones a jefes de agencia o empleados de confianza, presentando una enmienda que establece que todo empleado de confianzas nombrado por el Gobernador, incluyendo Secretarios y Directores Ejecutivos, tendrán un máximo de liquidación de hasta dos meses. Actualmente la ley contempla un tope de seis meses para dicha compensación salarial.
También, se aumentaron las licencias con paga para que los empleados asistan a las escuelas de sus hijos, de 4 a 8 horas, divididas entre los semestres académicos. En vez de dos horas laborales al comienzo de cada semestre y dos al final, ahora serán cuatro al comienzo y cuatro al final.
