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La Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) radicó ayer una demanda en contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el Gobernador de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
La APRUM, representada por los licenciados Rolando Emmanuelli Jiménez y Yasmin Colón Colón, impugna en su demanda la legalidad de los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) consignados en el presupuesto impuesto el pasado 2 de julio, así como la validez
del Plan Fiscal certificado por la JSF el 13 de marzo de 2017.
La demanda de la APRUM identifica como demandados a Natalie A. Jaresko (Directora Ejecutiva de la JSF), Ricardo Rosselló Nevares (Gobernador de Puerto Rico), Gerardo Portela Franco (Director de AAFAF), Raúl Maldonado Gautier (Secretario de Hacienda) y José Marrero Rosado (Director de OGP).
Los licenciados Emmanuelli Jiménez y Colón Colón argumentan en el procedimiento adversativo presentado ayer ante el Tribunal Federal de Distrito en San Juan, bajo el Título III de PROMESA, que el presupuesto impuesto para el año fiscal 2018 y el plan fiscal certificado por la JSF viola varias de las disposiciones de la ley PROMESA.
«La Universidad de Puerto Rico es uno de los servicios esenciales que ofrece el gobierno de Puerto Rico a la población y constituye, además, un instrumento de inversión indispensable para promover el crecimiento económico del país», expresó Emmanuelli Jiménez.
«Así lo reconocieron recientemente el Presidente de la JSF, José B. Carrión III, y otros funcionarios del gobierno», añadió Emmanuelli Jiménez. Manuel Laboy, Secretario de Comercio y Exportación, incluyó a la UPR, en particular al Recinto de Mayagüez, como un socio indispensable en diversas iniciativas de desarrollo económico para el país.
La demanda radicada por la APRUM se sustenta en estudios de reconocidos economistas del país, especialmente Alfredo González y José Alameda. Sus expertas investigaciones demuestran que la recuperación económica del país y la capacidad de recaudos del gobierno de Puerto Rico dependen directamente de una sostenida y adecuada inversión en la UPR. Los propuestos recortes a la UPR tendrán, según se ha constatado en los estudios, graves consecuencias para la población y para la capacidad de pago de la deuda pública que exigen todos los acreedores del país.
El doctor Marcel Castro Sitiriche, Presidente de la APRUM, añadió: «la UPR es un servicio esencial y, como tal, está protegido, bajo la ley PROMESA. Es esencial para aquellos que dependen de su oferta educativa de calidad, de los que se benefician de sus múltiples programas de extensión, de los que se atienden en hospitales donde labora su facultad médica y de los que cuentan con servicios como la Red Sísmica para su seguridad».
Según Castro Sitiriche, la UPR es, además, imprescindible para poner en marcha la economía del país. «A los acreedores, les debe preocupar tanto como a nosotros la defensa de la Universidad», concluyó.
La demanda radicada por la APRUM exige que se proteja a la UPR como un servicio esencial al país, que se invalide el plan fiscal por amenazar su estabilidad fiscal y que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso para que se garantice la continuidad de los servicios educativos y su impacto como motor de vitalidad económica y movilidad social de las clases desventajadas del país.
