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El Capitolio- El exgobernador Carlos Romero Barceló calificó hoy como un «atropello al pueblo» el Código de Incentivos presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa ya que es un proyecto para favorecer a las empresas multimillonarias que reciben beneficios contributivos. Romero Barceló dijo que el enfoque del Proyecto está «equivocado» por lo que recomendó que el mismo no sea aprobado.

«Las empresas multimillonarias exentas a través de sus abogados, contadores públicos autorizados (CPA) y economistas son los que están definiendo y estableciendo la política pública fiscal y económica de Puerto Rico. Ya no es el gobierno, esta ley (Proyecto del Senado 1013) es para favorecer las empresas», dijo Romero Barceló en vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo.

«Las tres fuerzas que mueven e impulsan el desarrollo económico saludable de todos los pueblos, ya sean colonia, territorio, estado, país, nación e imperio son las clases trabajadora y media y las pequeñas empresas, no las empresas multimillonarias y billonarias. Estas últimas (dos) no tienen patria. Su patria es el dólar. Para la clase trabajadora, la clase media y las pequeñas empresas su patria es el pueblo donde viven, trabajan y se desarrollan», dijo el exprimer mandatario al denunciar que la medida de 470 contiene 83 páginas de definiciones por lo que «no puede haber transparencia».

Ante esto, la senadora Padilla Alvelo adelantó que la medida «no se va a aprobar» antes del 1 de julio próximo. El año fiscal vigente culmina el día 30 de este mes.

De paso, el también excomisionado residente tiene una «gran sospecha» de que el Proyecto fue redactado por abogados, CPA, y economistas que «trabajan en bufetes, oficinas o corporaciones y que también ellos, u otros de su bufete, oficina o corporación tienen contratos o igualas con empresas multimillonarias exentas». Para evitar especulaciones sugirió que se publiquen los nombres de todos los profesionales que trabajaron en la redacción de la medida y cuáles de ellos tienen o han tenido contratos o igualas con las corporaciones y negocios exentos así como cuanto han cobrado por sus servicios al gobierno y a los negocios exentos.

Según detalló Romero Barceló a los senadores en el 2016 los ingresos de las corporaciones extranjeras con beneficios contributivos en el País excedieron los $45,600,000 pero le pagaron al gobierno $1,300,000 por lo que se ganaron $44,300,000,000 después de pagar las contribuciones. Ante esto, sugirió cambiar «claramente» la política pública económica del Estado «defendiendo y reduciendo» la carga contributiva al pueblo pero «cobrándole lo que corresponda» a los multimillonarios a quienes se les puede ofrecer otro tipo de incentivos que no existen en los 50 estados.

Romero Barceló recomendó que en vez de cobrar el cuatro por ciento de contribución sobre ingresos a los multimillonarios que establecen empresas en Puerto Rico se cobre entre el 12 y el 14 por ciento generando así $5,000,000,000 en ingresos adicionales para aliviar «sustancialmente» la carga contributiva a los trabajadores, la clase media y las pequeñas empresas. Por lo tanto, se podrían eliminar los impuestos «business to business» (B to B) así como el de los muelles y se reduciría el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) de un siete a un seis por ciento. Asimismo, el Estado estaría capacitado para hacer asignaciones «significativas» a los fondos de pensiones de los empleados públicos y se restablecerían «a su nivel» todas las pensiones. «Podríamos garantizar que las pensiones, hasta $60,000 no se reducirían», estableció.

Reconociendo que las empresas multimillonarias «van a gritar» a su propuesta, el exalcalde de San Juan dijo que las mismas no se irán de la Isla mientras ganen suficiente dinero.

A preguntas del senador Luis Berdiel Rivera sobre si el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) es la agencia idónea para manejar estos incentivos, Romero Barceló cree que «no tienen la experiencia» para eso.

El propuesto Código de Incentivos pretende consolidar decretos, incentivos, subsidios, estímulos monetarios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes. También, promover el ambiente, las oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico.

La presidenta de la Comisión de Hacienda aclaró que la medida busca establecer métricas para ser más efectivos en la transparencia y fiscalización de los incentivos industriales. Sin embargo, aclaró que como parte del proceso de negociación «la gran mayoría de los incentivos existentes permanecerán» aunque anticipó posibles cambios.

El exgobernador fue el primer deponente de la audiencia pública de hoy. También depondrán, el secretario de Agricultura, Carlos Flores y representantes de asociaciones de agricultores.

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