Líderes de la comunidad Ranchos Guayama en Salinas denunciaron el depósito ilegal de cenizas tóxicas de carbón, amontonadas a orilla de las calles del lugar por un contratista de la administración municipal salinense.
En los pasados años, la reconstrucción de las calles de la comunidad ha provocado serias diferencias entre los residentes y la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón, debido a la falta de transparencia de parte de la ejecutiva municipal y su decisión de no remover los residuos de la quema de carbón.
«Seguimos con el problema del movimiento ilegal de cenizas tóxicas en la comunidad de Ranchos Guayama, por parte del contratista JM Caribbean Builders y el municipio de Salinas. El pasado sábado 29 de junio la maquinaria del contratista estaba haciendo una fosa y dentro de esta se depositó material que sacaba del camino, el cual contenía cenizas tóxicas de carbón de AES. Al otro día pasé por el área y vi dos montañas de cenizas, una con una cubierta plástica y la otra sin tapar. En otro lugar había evidencia de cenizas tapadas con relleno. Todo esto es una barbaridad», dijo José Cora Collazo, presidente de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).
Ante el manejo ilegal de las cenizas, el líder comunitario procedió a someter una querella ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
«Procedí a llamar al DRNA y me atendió el vigilante Flores. Este me indicó que pasarían el lunes (1 de julio) en la mañana. Al percatarme que los vigilantes no se presentaron el lunes, volví a llamar y en esta ocasión me atendió el vigilante Rodríguez, el cual me notificó que estaban trabajando otro caso, pasarían más tarde por Ranchos Guayama y me llamarían. Esa llamada nunca llegó», explicó Cora Collazo.
La querella Q-GUAT-137-2024 se une a otra (Q-GUAT-324-2024) radicada en marzo por la misma situación del manejo inadecuado del residuo industrial.
«El DRNA no ha sido responsivo y mucho menos responsable para hacer cumplir la Ley 40-2017, que prohíbe el depósito de cenizas tóxicas de carbón en Puerto Rico. El contratista sigue incumpliendo la ley, y no pasa nada. El DRNA y la EPA han dejado que la alcaldesa de Salinas y su contratista sigan cometiendo crímenes ambientales sin consecuencia. Al parecer si eres alcalde o contratista del municipio eres inmune a las leyes ambientales», recalcó José Cora.
Análisis químicos llevados a cabo en 2019 en las cenizas de carbón depositadas en Ranchos Guayama revelaron que la concentración de arsénico, un metaloide peligroso, en el suelo supera en 11 veces el límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés) para iniciar investigaciones sobre posibles casos de contaminación con materiales peligrosos.
Sobre el constante argumento de la falta de fondos para exportar las cenizas, Maridalys Nieves Rivera, portavoz de ASPA, entiende que la alcaldesa tampoco ha sido clara al respecto.
«Se han ofrecido varias versiones sobre cuánto dinero costó este proyecto. La alcaldesa dijo inicialmente que fueron asignados $8 millones y el Ing. Manuel A. Laboy Rivera, del COR3, afirmó que fueron $8.7 millones. En el letrero que se colocó en el lugar de construcción decía que el costo era $5.5 millones y en la nefasta resolución aprobada por la Legislatura Municipal (Resolución 24 Serie 2023-2024) el costo no llega ni a $4.5 millones. Al parecer hubo un sobrante entre $3.2 y $4.2 millones. ¿Dónde está ese dinero? Esa cantidad daba para cumplir la ley y sacar las cenizas tóxicas de Puerto Rico», manifestó Maridalys Nieves.
Los residentes de Ranchos Guayama hicieron un llamado a las agencias estatales y federales para que atiendan este reclamo de la comunidad.
«Hacemos un llamado a la secretaria del DRNA, Anais Rodríguez Vega, y a la directora de la Región del Caribe de la EPA, Carmen Guerrero Pérez, a que atiendan este problema ambiental y de salud. Todas estas agencias y el municipio de Salinas nos han abandonado a nuestra suerte. Seguiremos luchando por nuestra gente», finalizó José Cora Collazo.
