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La organización que representa a más de 60,000 ahorristas puertorriqueños que ahorraron dinero mediante bonos de Puerto Rico, Bonistas del Patio, respaldó el acuerdo de reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que fue aprobado recientemente por la Junta de Control Fiscal porque es el mecanismo más justo, balanceado y efectivo para evitar un conflicto legal largo, que perjudicará aún más a todas las partes y a la economía puertorriqueña.
«Este acuerdo es bueno no sólo para los bonistas individuales y para las cooperativas, sino que también es positivo para los municipios porque evita que sigan los conflictos legales y tediosos, que a la larga, perjudicarán a todos, porque mantienen la incertidumbre que está afectando la economía. También se evitan los altos costos que conlleva mantener los litigios de esta índole», manifestó Rafael Rojo, presidente de la Junta de Directores de Bonistas del Patio.
«Los bonistas puertorriqueños pudimos haber hecho lo mismo que están haciendo el Municipio de San Juan y ahora Caguas. Pudimos haber levantado argumentos técnicos para exigir una compensación más justa según el dinero que hemos prestado y esto nos haría salir por encima del resto. Nuestros contratos y las leyes proveen argumentos sólidos a esos efectos. No obstante, optamos por una solución consensual y equitativa para todas las partes. Por eso se me hace incomprensible el riesgo económico en que se ponen a sí mismos los municipios y, de paso, a muchos de sus ciudadanos que somos bonistas. Derecho a demandar tienen los Municipios, pero cualquier análisis juicioso refleja que es claro que se están pegando a sí mismo y a todos un tiro en el pie», agregó Rojo.
Por su parte, Jorge Irizarry, Director Ejecutivo de la entidad añadió: «No hemos pedido nada para los bonistas que no se le esté concediendo en igual de condiciones a los municipios. Con este acuerdo se evita la controversia repartiendo lo poco que hay entre las partes en condiciones idénticas. Los Municipios tienen que entender que estas demandas pudieran empujar este acuerdo a una quiebra por Título III y bajo ese escenario, los pocos activos que tiene el banco se tendrían que liquidar a precios descontados, quedando así menos colateral para repartir entre las partes. El acuerdo es una ganancia justa para todas la partes, mientras que una quiebra resultará en más pérdidas para todos.»
Ambos directivos de Bonistas del Patio señalaron que la propia Junta de Control Fiscal confirmó el beneficio del acuerdo en el comunicado que emitieron al hacer el anuncio: «Bajo el RSA, los depositantes municipales de Puerto Rico y los tenedores de bonos del BGF de la Isla recibirán trato igual», y que con este acuerdo el BGF «podrá lograr su objetivo de maximizar el valor para sus accionistas, a la vez que se evitan la demora, los gastos y la incertidumbre asociados a un litigio».
Tanto Rojo como Irizarry hicieron una advertencia y llamado a los Alcaldes a considerar que bajo el acuerdo alcanzado tendrán para finales de este año un instrumento que podrán convertir a efectivo. Sin este acuerdo, tendrán un pleito legal que durará años en resolverse y mientras tanto no verán ni un dólar mientras la colateral del BGF se irá devaluando.
El viernes pasado, la Junta de Control Fiscal autorizó al BGF a reestructurar sus deudas bajo el Título VI de la ley PROMESA, y certificó el Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA), sujeto a ciertas condiciones. Sobre 51% de los acreedores apoyaron ese RSA y esto incluye a una mayoría de puertorriqueños y 50 cooperativas que poseen más de $2,450 millones de la deuda. La mayoría de éstos son personas que tienen cantidades pequeñas en bonos y están sufriendo la falta de pagos.
«Este acuerdo permite una reestructuración organizada y consensual de gran parte de las obligaciones del BGF y a cambio, los reclamantes vamos a obtener bonos nuevos. Los bonistas hemos aceptado recibir menos dinero para estar al mismo nivel de los municipios, de modo que todos salgamos en igualdad», agregó Rojo.
Varios municipios han demandado para detener este acuerdo. Ayer el Municipio de Caguas radicó una demanda en el Tribunal Federal en la que retó el acuerdo de reestructuración. Sin embargo, el acuerdo le garantiza un pago a los municipios que hoy día es dinero que no tienen.
El RSA permite una reestructuración organizada y consensual de una porción substancial de las obligaciones del BGF, incluyendo los bonos públicos, reclamaciones sobre depósitos de municipios y de ciertas entidades no públicas y reclamaciones bajo ciertas cartas de crédito y garantías emitidas por el BGF («Reclamaciones Participantes»).
«Es injusto que sigan generalizando al atacar y hablar de los bonistas, pues en el BGF, en su mayoría estos son individuos puertorriqueños y cooperativas que están sufriendo igual que muchos esta crisis económica y encima, recibiendo gigantes recortes al dinero que confiaron a su Gobierno», añadió Rojo.
