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Ahora Municipios podrán unir más oficinas para lograr ahorros y eficiencia

 

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El senador por el distrito de Ponce, Martín Vargas Morales, anunció que el Gobernador firmó hoy una medida de su autoría que faculta a dos o más municipios a formar parte de un consorcio o sencillamente entrar en un acuerdo para que uno de ellos ejerza las funciones que hasta hoy estaban reservadas por Ley a cada Municipio. Es decir, que hasta hoy cada municipio tenía la obligación de tener las siguientes ocho oficinas como parte de su estructura mínima administrativa: la Oficina del Alcalde, la Secretaría Municipal, la Oficina de Finanzas Municipales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Oficina de Administración de Recursos Humanos, Auditoría Interna, la Oficina para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y la Oficina de Iniciativa de Base de Fe y Comunitaria.

«Esta Ley es el resultado de un trabajo investigativo cuidadoso que incluyó estrategias de regionalización y delegación de funciones, así como la consolidación de municipios y la efectividad de estos entes en atender y resolver problemas que el gobierno central no puede hacer costo-efectivamente. Además, se incorporó la experiencia ganada administrando un municipio con grandes retos y las experiencias de otros compañeros Alcaldes. El resultado es que lejos de consolidar o añadirle responsabilidades y obligaciones, la mejor reforma municipal se da al eliminar trabas burocráticas impuestas a nuestros municipios por Ley. Así, liberados de cadenas legales al imponer oficinas y funciones específicas a todos por igual, los Alcaldes tendrán la flexibilidad de acordar si otro municipio, cualquiera, es más costo-efectivo ofreciendo servicios a sus ciudadanos. De manera tal, que cada Alcalde o Alcaldesa puede brindar más servicios al ofrecer el expertise de su equipo de trabajo a otro municipio, aumentando sus ingresos a la vez que genera ahorros en otro municipio», acotó Vargas Morales quien fuera Alcalde de Guánica.

«El propósito principal de la nueva Ley, es aclarar que aquellas funciones y servicios que tradicionalmente son realizadas y brindados por cada municipio, pueden ser compartidos entre dos o más municipios, a través de consorcios o acuerdos colaborativos. Con esta mejora, se rompe el esquema tradicional de que cada municipio tiene que tener una Oficina de Administración de Recursos Humanos, una Secretaría Municipal o una Oficina de Finanzas. En ocasiones buscamos soluciones complejas, que resultan en ahondar los problemas, cuando la solución está en darle un espacio creativo y de acción real a los Alcaldes para cambiar el rumbo de sus pueblos», abundó Vargas Morales.

«Buscamos cambiar el paradigma que hace que cada municipio tenga una sobrecarga de nómina por funciones que le son impuestas por la Ley de Municipios Autónomos en diferentes oficinas. De esta manera, los municipios tendrán un ahorro significativo en su presupuesto operacional. Esta propuesta que hacemos no sólo da una flexibilidad mayor a municipios con una capacidad menguada de actuar en ciertos temas, sino que permite un ahorro en dicho trámite, que puede ser redirigido a atender la ciudadanía», argumentó el también Presidente de la organización de Presidentes no Alcaldes del PPD.

En relación a las propuestas públicas de modificar o eliminar municipios, Vargas Morales argumentó que «la ventaja de esta Ley es que ahora cada municipio resulta económicamente más viable, y se evita herir sensibilidades de identidad de cada pueblo, si las deficiencias que tienen, por las razones que sean (mala administración, impacto de pérdida de medios de producción, cambios demográficos, entre otros) pueden ser subsanadas sin necesidad de llegar a la medida extrema de la eliminación o consolidación de municipios. Al final del día, consolidar municipios, sin dar flexibilidad de determinar quién puede dar un mejor servicio entre las oficinas administrativas de los municipios no es resolver el problema, es hacerlo más grande» finalizó el senador, actual candidato a la Alcaldía de Guánica. La medida tiene como excepción a las Oficinas de Auditorías Internas y la Oficina de Presupuestos de cada Municipio.

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