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El alcalde popular de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá refutó las alegaciones del legislador novoprogresista Michael Abid Quiñones, quien refirió su administración a varias agencias de seguridad sobre pago de horas extra a personal que laboró los pasados tres meses luego del paso del Huracán María. «Como el legislador no tiene idea de qué ha pasado en nuestros barrios luego del paso del huracán y lo mucho que se ha trabajado, pues no entiende el justo pago a 152 trabajadores municipales. Y como todo lo hemos hecho en ley, cualquier investigación es bienvenida», aseguró Irizarry Salvá.
El dinero pagado salió de un adelanto provisto por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés). Por ejemplo, al administrador de la ciudad, Leonel Valle, se le pagó $11,456 en horas extra por 3 (tres) meses por labor realizada durante la emergencia del huracán. Otros 151 empleados del ayuntamiento trabajaron horas extra para una cifra global de alrededor de $267,000. El Alcalde señaló además que el administrador municipal Leonel Valle abrió paso en las vías públicas desde el mismo día del huracán, incluso ayudó a abrir el en camino para que el legislador Quiñones salera de su casa.
«El administrador municipal, por ejemplo, repartió suministros casa por casa, viajaba constantemente a San Juan para reuniones en el Centro de Operaciones de Emergencia en Miramar, limpió caminos a machete, transportó equipo. Hizo de todo», dijo Irizarry al defender el pago. «Aquí en Utuado todos los empleados de confianza trabajaron de sol a sol», agregó. «Se trabajaron 12 y 14 horas diarias». Irizarry Salvá invitó al legislador a trabajar por el bienestar de Utuado y no discriminar contra sus residentes por razobes políticas. «Más allá de repartir botellas de agua para tomarse fotos para sus redes sociales, no ha logrado nada más.
El legislador novoprogresista Michael Abid Quiñones es conocido sobre todo por ser uno de los acusados en el año 2011 por cometer fraude contra la aseguradora American Family Life Assurance Company (AFLAC). Luego del proceso, el juez federal Juan M. Pérez Giménez desestimó sin prejuicio los casos «por estar inactivos por un término de tiempo considerable y/o están bajo el programa diferido de la oficina de probatoria».
