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La Coalición Pro Salud y Ambiente de los barrios Arenas de Guánica y Susúa de Sabana Grande catalogó como un fraude la aprobación de nuevos permisos para el proyecto de antenas Lluveras Sabana Grande Site de la empresa Wise Towers LLC, antes Soluwise Inc. El proyecto ha generado controversia debido a denuncias de que se construye en un hábitat del Guabairo de Puerto Rico, ave endémica en peligro de extinción, y de que los proponentes sometieron información falsa para obtener los permisos requeridos.
«El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) intervino ante nuestras denuncias y multó a Wise Towers por violaciones al permiso de extracción de corteza terrestre. Según el DRNA, la empresa realizó una extracción de más de ciento cincuenta metros cúbicos en exceso de la cantidad autorizada. Sin embargo, las multas no son equivalentes a las violaciones cometidas totalizando solamente $2 mil», denunció Luis Omar García Mercado, portavoz de los vecinos.
Según García Mercado, personal del DRNA realizó varios estudios de campo en el lugar que confirmaron la presencia no solamente del guabairo, sino también de especies críticas de árboles como el guayacán blanco y el juso. «Recursos Naturales ha emitido una nueva certificación categorizando parte del área como un hábitat de alto valor ecológico. No obstante, negociaron con la empresa un acuerdo para permitir la construcción de un camino de acceso a cambio de mitigaciones. La deforestación para el camino propuesto sería de 3,155 metros cúbicos, cuatro veces el daño ambiental causado por la deforestación ilegal inicial», señaló.
El líder comunitario subrayó que las acciones del DRNA de negociar una mitigación con Wise Towers contrastan con expresiones que hiciera la Secretaria Guerrero en febrero pasado en entrevista con un medio radial de Ponce, donde adelantó ordenaría una restauración del área en cuestión. «Negociar una mitigación no es lo mismo que ordenar una restauración. Mitigación es según el glosario de términos ambientales de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), la «acción de reducir y compensar el efecto de los impactos en un predio por el desarrollo de un proyecto». Por el contrario, el objetivo de la restauración es reparar y volver un área natural a su estado original o lo más cercano a su estado original», puntualizó.
García Mercado indicó que el endoso del DRNA al nuevo camino representa un cambio de postura radical por parte de Carmen Guerrero sobre este asunto. «La Secretaria compareció en septiembre de 2014 ante una investigación de la Comisión de Recursos Naturales presidida por el Senador Cirilo Tirado aseverando que el proponente ocultó información a su agencia, induciéndoles a error. Dijo que contaba, cito, con «los elementos de juicio e información necesaria para no conceder la solicitud de Soluwise aún por adjudicar para la expedición de una Certificación de Hábitat Natural para la construcción de un nuevo camino de acceso para el proyecto propuesto». En cambio, Carmen Guerrero ha negociado con Wise Towers la destrucción de gran parte del hábitat de una especie en peligro de extinción», estipuló.
«Por otra parte, la Oficina de Gerencia de Permisos y su director Alberto Lastra han aprobado nuevos permisos para la continuidad del proyecto a pesar de contar con la evidencia documental que señala las múltiples violaciones en este caso. Desde mayo pasado está pendiente ante la consideración del arquitecto Lastra una querella formal nuestra donde las detallamos. Los nuevos permisos no son otra cosa que premiar la conducta delictiva de Wise Towers».
«Nos preguntamos, ¿cuáles son los contactos, si alguno, del Ingeniero Carlos Collazo Maldonado y sus empresas en la OGPe, el DRNA, y demás agencias? ¿Habrá presiones a funcionarios públicos también en este caso? ¿Tendremos que recurrir a las agencias federales para que se nos haga justicia Desgraciadamente, en el aparato gubernamental la corrupción se ha convertido en la norma y los procesos de permisología no están exentos de esta práctica. Las ilegalidades del proyecto Lluveras Sabana Grande Site que continúan en la impunidad parecieran confirmarlo. Emplazamos públicamente al director de la OGPe Alberto Lastra, a la Secretaria del DRNA Carmen Guerrero y al secretario de Justicia, licenciado César Miranda, a que actúen en este caso. Revoquen los permisos y endosos otorgados al margen de la ley, impongan las multas correspondientes y radiquen los cargos criminales que correspondan. No permitamos que una vez más en Puerto Rico calle la justicia ante los estridentes gritos del dinero».
