La senadora por acumulación Rossana López León hizo un llamado al gobernador Ricardo Rosselló que de manera urgente defienda a Puerto Rico a las nuevas intenciones del presidente republicano Donald Trump de atentar contra las clases más necesitadas con recortes presupuestarios a las partidas sociales en el nuevo presupuesto federal.
«Esto es particularmente peligroso para Puerto Rico, sobre todo para personas con condiciones críticas y sin recursos, beneficiarios de Medicare y asistencia económica», expresó la también candidata a la alcaldía de San Juan para las próximas elecciones. «Este anuncio se hizo el lunes y no hemos escuchado reacción del Primer Ejecutivo».
Al inicio de semana, Casa Blanca anunció que el presupuesto para el año fiscal 2020 que contiene severos recortes al gasto en todas las agencias federales no relacionadas con defensa, y un alza en el gasto en defensa y para el propuesto muro contra los inmigrantes en la frontera con México.
De acuerdo con la propuesta presupuestaria de $4.700 billones, la administración Trump tiene planeado recortar el gasto en programas sociales en 5% en el transcurso del próximo año. «Para algunos un recorte de cinco porciento pudiera parecer poco, pero en el contexto del presupuesto federal son cerca de $30.000 millones menos en programas de educación, atención a la salud y protección ambiental, entre otros.
El plan presupuestario, para el año fiscal 2020 que comienza el 1 de octubre, propone un recorte de $2.7 billones en la próxima década, explicó un funcionario de Casa Blanca ayer. «Russel Vought, director interino de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, en declaraciones al diario The Wall Street Journal que dicho presupuesto tendrá más reducciones en el gasto que los propuestos por todos los presidentes de la historia y eso no es una buena noticia para Puerto Rico, particularmente con las necesidades sociales que se han agravado luego del paso de dos huracanes en septiembre de 2017», añadió la también exprocuradora de los envejecientes.
La senadora destacó además que el propuesto presupuesto impone una reforma de bienestar que fija requisitos laborales más rigurosos para los individuos en edad de trabajar, una medida que la administración dijo que ahorraría $327, 000 millones. «En el contexto de Puerto Rico, un gobierno federal responsable debería promover el desarrollo económico, la creación de empleos y los programas para salir de la dependencia, no imponer restricciones en el mercado laboral», finalizó López León.
