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Foto Archivo
Aunque lo negó públicamente ante los medios del país, la realidad es que el ingeniero Carlos Ignacio Pesquera, precandidato a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para comisionado residente en Washington, sí mantiene un contrato relacionado a las expropiaciones de residentes pobres del Barrio Vietnam en Guaynabo. La denuncia la hicieron en la mañana de hoy el organizador comunitario Luis Gallardo, candidato a representante por el Precinto 5 en la papeleta del Partido Popular Democrático (PPD) y el candidato a alcalde de Guaynabo, Ricardo ‘Riche’ Vicéns. Los líderes políticos presentaron a la prensa copia de dicho contrato.
«Aquí tenemos dos políticos que están amenazando a las comunidades de Guaynabo con desalojos ilegales: Héctor O’Neill, que le expropia a personas de bajo ingreso para beneficiar a desarrolladores privados y Carlos Pesquera, que se esconde dentrás de una corporación para hacer dinero con el dolor ajeno», declaró Gallardo. «Esta denuncia la hicimos recientemente y el precandidato Pesquera negó tener injerencia alguna en las expropiaciones. Pues sí tiene y mucha: es el principal consultor del alcalde de Guaynabo en el propuesto ‘Amelia Waterfront’ nombre en inglés que significa ‘vamos a expropiar a los pobres de Vietnam para quitarles la salida al mar’, aseveró Vicéns.
El contrato municipal 2010-00104 firmado por el mismo Carlos Pesquera Morales en carácter de presidente de presidente de PG Engineering Solutions y el Municipio de Guaynabo, «es amplio, indicando que Pesquera está a cargo de la planificación y desarrollo del frente portuario de Amelia», detalló Gallardo. Según el contrato, el Municipio le confía a la compañía desde coordinar los proyectos y seleccionar personal, hasta realizar estudios, llevar a cabo gestiones con agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y creación de páginas de internet, entre otras tareas. Las tarifas que cobra Pesquera varían dependiendo la labor e inician a $125.00 por hora. «De hecho, después de hacer nuestra denuncia inicial, la página de la compañía PG Engineering removió el proyecto de su portal», añadió Gallardo.
La Ley Núm. 1 del 2001 requiere que para poder expropiar una Comunidad Especial, se requiere una consulta comunitaria. Sin embargo, O’Neill no ha cumplido con dicho requisito, controversia actualmente siendo ventilada en el Tribunal Apelativo de San Juan. Ambos candidatos defendieron el mecanismo de consulta comunitaria. «Es un mecanismo donde los residentes de cada comunidad tengan rol en el desarrollo de su comunidad,» indicó Gallardo. «Si los proyectos son tan buenos, ¿porque tienen miedo de consultar a la comunidad afectada?»
Finalmente, los líderes populares exhortaron a las comunidades de Guaynabo a estar alertas ante las expropiaciones y analizar bien las opciones electorales de cara a las próximas elecciones en noviembre.
