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Asociación de Alcaldes pide a la Gobernadora Wanda Vázquez Garced que vete el propuesto Código Electoral

La Asociación de Alcaldes de Puerto le le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que vete el propuesto Código Electoral que busca convertirse en la nueva Ley Electoral de Puerto Rico y presenta cambios importantes tanto en la estructura y administración de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como en el proceso electoral. La petición se realizó por medio de una serie de videos difundidos por las redes sociales.
En los mismos, alcaldes y alcaldesas miembros de la Asociación alzaron su voz para que Vázquez Garced cumpla su palabra empeñada el pasado agosto del 2019, en donde se comprometió no firmar el proyecto si no contaba con el consenso de todos los sectores políticos. «Cambiar las reglas del juego a 120 días de las elecciones, representa un alto riesgo para nuestra democracia. Los tiempos han cambiado y Puerto Rico pide firmemente mantener la transparencia en todos los procesos eleccionarios», expresó el primer vicepresidente de la Asociación y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Por su parte el segundo vicepresidente y alcalde de a Guayanilla, Nelson Torres Yordán, añadió su preocupación ante los temas que afectan directamente a la Constitución de Puerto Rico. A su vez, enfatizó que el proyecto del Código Electoral es producto de una imposición por parte de la mayoría parlamentaria y que adolece de serios vicios jurídicos que sin duda habrán de generar litigación y generarán una sombra de desconfianza en nuestros procesos democráticos. El propuesto Código Electoral busca ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones la reducción de las oficinas administrativas y oficinas electorales, según la necesidad de los servicios en manos de un solo partido político. Además le quita la oportunidad a los electores de tener un sistema de fiscalización por parte de los diferentes partidos políticos inscritos, también permite el voto a distancia, el voto de personas que no viven en Puerto Rico y promueve una pobre fiscalización del electorado.

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