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El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Llerandi Cruz, exigió que el gobierno implemente un proceso expedito de permisos que permita la realización de proyectos críticos y de emergencia que vayan dirigidos a revitalizar la infraestructura deteriorada de uso público, según estipulado en la ley federal ‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act», mejor conocida como «PROMESA».
«PROMESA esboza disposiciones específicas en diferentes áreas que afectan la forma y manera en que se ha manejado la administración pública y que ha sumido a nuestra Isla en una depresión económica por más de una década. Entre éstas, la ley reconoce la identificación, consecución y desarrollo de proyectos de infraestructura vitales como mecanismo para reinyectar nuestra débil economía. Para lograr esto, PROMESA hace hincapié en una serie de factores que tienen que darse previo a la consecución de cualquier proyecto de infraestructura pública, particularmente, implementar un proceso expedito de permisos», señaló el legislador por Arecibo y Hatillo.
Según explicó el líder novoprogresista, el proceso de permisos en Puerto Rico ha sido uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de la construcción en la Isla.
«Previo al año 2009, el citado proceso era uno extremadamente burocrático que, en ocasiones, tomaba años en ser completado, sirviendo como piedra de tropiezo para nuestro desarrollo infraestructural y económico. Luego de la aprobación de la Ley Núm. 161-2009 y el Reglamento Conjunto Núm. 7951, que reformularon el proceso haciendo un sistema integrado de permisos del gobierno de Puerto Rico dicho, el mismo ha mejorado lentamente, aunque sigue siendo uno tedioso y extenso en su cumplimiento. A estos efectos y tomando en consideración los factores antes mencionados, la ley federal PROMESA constituye en su Título V, Sección 5.03, inciso (3) criterios específicos para la otorgación de permisos de proyectos de infraestructura que requieran aprobación del gobierno estatal. Por eso es importante, desde ahora, cambiar el sistema de permisos para ajustarlo a las dispersiones federales», añadió Llerandi Cruz.
Ante este panorama, el representante de la palma radicó la Resolución de la Cámara 904 la cual ordena al Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Permisos, al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Presidente de la Junta de Planificación y al Presidente de la Junta de Calidad Ambiental a redactar, atemperar y aprobar la reglamentación necesaria para el cabal cumplimiento con las disposiciones esbozadas en PROMESA.
La medida obliga a los funcionarios antes mencionados a someter la reglamentación necesaria en o antes del 1 de septiembre.
