Ante polémica pública por el propuesto Código Electoral impulsado por la mayoría novoprogresista en la Legislatura y rechazado por amplios sectores del país, se añade un elemento adicional, al descubrirse que la medida suspende el programa de inscripciones de jóvenes en las escuelas superiores de Puerto Rico que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) lleva realizando con éxito desde el 1984. La denuncia la hizo Héctor Santiago Torres, presidente de la Juventud Popular Nacional (JPN) del Partido Popular Democrático (PPD).
«Cientos de miles de jóvenes puertorriqueños se han inscrito para participar en las elecciones gracias a este proyecto que lleva 36 años sirviéndole a todos igual. En la larga lista de injusticias que tiene ese propuesto Código Electoral, precisamente busca limitar que los jóvenes que se inscriban. Por eso también levanto mi voz y alerto a todos los jóvenes que le pidan a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que vete esa medida porque es mala desde su origen, es injusta y antidemocrática», aseguró Torres.
El líder popular añadió que luego del llamado ‘Verano del 19’ que logró la renuncia de Ricardo Rosselló, «miles de jóvenes que no participaban del proceso electoral han visto la gran importancia que tiene ser parte de las primarias de los partidos políticos, porque así pueden ayudar a formar las papeletas que luego se presentan en las elecciones. Mientras más jóvenes voten, mejor. Pero el propuesto Código Electoral busca limitar esa participación. Y eso es un abuso».
Tal como está establecido por la CEE, el domingo, 9 de agosto son las primarias para el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Además de los candidatos a la gobernación, se seleccionan candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico por distritos y acumulación, así como algunas alcaldías. «El martes, 3 de noviembre son las elecciones generales y queremos llegar a ese día con la Ley Electoral que tenemos ahora, porque fue aprobada mediante el consenso, no para darle poder a un solo partido político. Por eso la Gobernadora debe cumplir con su palabra y debe vetar ese Código que tiene en su escritorio, porque el mismo no fue fruto del consenso», finalizó Torres.