Para muchos de nosotros, el tema de la corrupción es llover sobre mojado, con la indignación que causa que se repita la historia, y en ocasiones las mismas maniobras ilegales, una y otra vez. Para los servidores públicos de vocación y corazón, la indignación es mayor, porque la labor seria, honesta y responsable que miles de trabajadores realizan cada día, en todo Puerto Rico, no puede ser manchada. Cada cual debe asumir su responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es hacer las denuncias correspondientes a las autoridades y naturalmente, darle seguimiento.
En la medida en que todos estemos en guardia ante la corrupción, avanzaremos en su erradicación. Es de aceptación general que en Puerto Rico tenemos suficientes reglamentos y leyes para combatir la corrupción, pero hay que insistir en su aplicación. Para el 2010, la académica Dra. María Echautegui publicó un estudio para la Oficina del Contralor, donde señaló que los casos de corrupción más conocidos en Puerto Rico involucran el otorgamiento de contratos por parte de funcionarios a cambio de dinero. En el 2022, esa tendencia prevalece. Pero ésta es solamente una de las muchas modalidades que puede asumir la corrupción.
Detalla Echautegui que otras modalidades de la corrupción son el nombramiento de personal y el otorgamiento de contratos en base a la política partidista. De igual manera, las irregularidades aumentan con el tamaño de la agencia y son menores en agencias con buenas prácticas de gerencia. Dicho estudio señalaba además que una muestra de empleados públicos consultados sobre el tema, favorecieron la propuesta de fortalecer los mecanismos en las oficinas de las agencias para hacer más fácil que los empleados públicos informen anomalías en los procesos de contratación de personal, contratación de servicios, regulaciones, compras, y provisión de servicios.
Precisamente, la contralora Yesmín Valdivieso expresó recientemente que se calcula que la corrupción nos cuesta aproximadamente el diez porciento (10%) del presupuesto anual del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ese cálculo de pérdidas implica lo siguiente: de un presupuesto del Fondo General de $12,400 millones para las operaciones diarias de las agencias del gobierno de Puerto Rico, se malgastan unos $1,240 millones. Un dólar que se roban en hechos corruptos, es un dólar que no llega para cumplir con las obligaciones de educación, salud y seguridad.
Tratar de generar inversión extranjera cuando los niveles de corrupción son tan notorios, es una fuerte amenaza al desarrollo económico. Recordemos además que el exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI) para Puerto Rico, Luis Fraticelli, declaró a la prensa que Puerto Rico era la quinta (5ta) oficina del FBI de Estados Unidos con más casos de corrupción registrados, sólo por detrás de Nueva York, Los Ángeles, Miami y Filadelfia, aunque con menor población que dichas ciudades estadounidenses.
Tengamos presente además que los casos de corrupción que tienen alta atención mediática, son tema de conversación y análisis en Estados Unidos, y eso nos afecta a todos. Así los ejemplos del caso del contratista y recaudador Anaudi Javier Hernández Pérez y de la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Beatrice Keleher. Estas trágicas situaciones afectan al País más allá de las convicciones de los acusados, pues manchan la reputación del gobierno de Puerto Rico, y de los puertorriqueños en su conjunto. Como dice el adagio, pagamos justos por pecadores.
Si se toma en consideración el presupuesto consolidado del gobierno de $28,000 millones, la pérdida rondaría los $2,800 millones. Ante la corrupción, todos tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que hacer más y que constantemente hay que revisar los protocolos, aumentar los controles y hacer uso efectivo de las nuevas tecnologías para combatirla. Ni puede haber tregua.
