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Residentes de Salinas y representantes de varias organizaciones realizaron una manifestación frente al Complejo de lujo Ciudadela en San Juan, cuyo dueño es el inversionista Nicholas Prouty, en la cual dieron a conocer un informe que demuestra cómo varias empresas han utilizado tácticas turbias para limpiar sus reputaciones y obtener más beneficios con proyectos de placas solares en suelos agrícolas.
Para Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO) este informe ha mostrado cómo Putnam Bridge (Prouty), a través de CIRO Group, y AES, a través de Clean Flexible Energy, han utilizado tácticas turbias para expandir sus actividades empresariales y obtener contratos millonarios.
«Utilizando su influencia y relaciones con políticos y los organismos reguladores, aprovechándose de un proceso de contratación escasamente competitivo, y mediante plena ilegalidad, estas empresas se han saltado las normativas, los debidos procesos de aprobación de proyectos energéticos y los de obtención de permisos, resultando en el uso de tierras agrícolas protegidas y la inundación de comunidades enteras con agua destinada a recargar el acuífero del sur, el mismo acuífero que AES ha contaminado con sus cenizas tóxicas de carbón», comentó Thomas.
El informe realizado por la empresa Empower LLC, resalta como la ex presidenta de Clean Flexible Energy (AES), María Berio, es actualmente la principal oficial de servicios corporativos de LUMA Energy, la compañía privada contratada por la AEE para administrar la transmisión, distribución y comercialización de energía.
De igual forma, se incluyó la relación del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia con AES, quien trabajó como cabildero para la empresa antes de asumir su cargo. Así como el conflicto de interés del controversial Secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, al otorgar el endoso al proyecto de AES, mientras la empresa Agriart LLC alquilaba sus terrenos para ese proyecto, de la cual González era socio y su hijo vicepresidente.
«En el caso de CIRO Group, varios de sus ejecutivos y el dueño beneficiario de sus proyectos, Nicholas Prouty, han hecho donativos a políticos que posiblemente influyeron en el proceso de aprobación de permisos de los proyectos energéticos, como la actual alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, y el gobernador Pierluisi», aseveró Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental.
El informe también señala que Prouty mantiene relaciones cercanas con otros políticos poderosos tanto dentro de Puerto Rico como en Washington D.C., señalando que, en un evento de recaudación de fondos, este recibió a la vicepresidenta Kamala Harris y a la secretaria del Departamento de Energía Federal de E.U., Jennifer Granholm.
Por su parte, la agrónoma Yaminette Rodríguez Sierra criticó que el gobierno permitiera que cientos de cuerdas de tierra agrícola hayan sido inutilizadas.
«Para iniciar la construcción de CIRO One se tuvo que eliminar la vegetación y compactar el suelo fértil para poder incrustar las bases de las placas solares, las cuales sellan e impiden la infiltración y recarga de agua del acuífero del sur -único suministro de agua en Salinas-, ocasionando que el agua corra hacia las comunidades. Por lo tanto, cientos de cuerdas de tierra agrícola han quedado inutilizables, las casas se han inundado, y el agua cargada de sedimentos pesados logra llegar hasta la Bahía de Jobos, una reserva designada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica», explicó la agrónoma.
Por último, Diana Santi Santiago, portavoz del grupo Nos Inundan de Placas, recalcó que, a estos grandes inversionistas y a los políticos corruptos, no les importa el impacto que tienen los proyectos en las familias.
«No sólo estos impactos ponen en riesgo nuestra única fuente de agua potable de la zona y la seguridad alimentaria, sino que ponen en peligro la salud y seguridad de cientos de familias. Aquí no hubo estudios hidrológicos adecuados, no se consultó a la comunidad sobre la construcción del proyecto y en general el proceso de concesión de permisos es muy problemático. Siguen desplazando nuestras comunidades y causando peligros ambientales, además de los que ya vivimos los residentes. Nos quieren desaparecer, pero nosotros no lo vamos a permitir», finalizó Santi Santiago.
