Denuncian gastos desmedidos en Canóvanas

LornnaSotoFoto Archivo 

 

 

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, tiene en nómina a varios políticos derrotados del Partido Nuevo Progresista (PNP), mientras hay necesidad apremiante de servicios a la población y para el pago de liquidación de vacaciones y licencia por enfermedad a los empleados regulares. Además, ¿por qué cuando los empleados van a realizar gestiones en Sistema de Retiro y Asociación de Empleados(AEELA) no les pueden ayudar por deudas del municipio?¿Por qué a los empleados transitorios sus contratos son renovados mes a mes?». La denuncia la hizo hoy el presidente del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Canóvanas, Enrique ‘Ricky’ Calderón. El candidato a la alcaldía por este municipio se hizo eco de varios empleados y exempleados municipales que le hicieron el reclamo.

 

«Que informe Soto si el exalcalde de San Juan, Jorge Santini es parte de sus refugiados políticos, si la ex directora de Deportes del Municipio de San Juan, Mari Batista, está en su nómina, mientras hay necesidad de mayor seguridad a los ciudadanos.  Lo mismo pasa con el candidato PNP a senador por distrito Rubén Martorell, así como un hijo del Alcalde de Fajardo, cuando tenemos tantas facilidades deportivas en Canóvanas sin mantenimiento adecuado.  ¿Cuáles son las funciones y resultados de estos contratistas, donde en conjunto el gasto mensual asciende a $12,000?», cuestionó Calderón. «Esta es la misma señora Lornna Soto que se aumentó el salario de manera ilegal y donde el Departamento de Justicia ya emitió una decisión en el mes de diciembre», abundó el líder popular.

 

El secretario de Justicia, César Miranda, informó el miércoles, 2 de diciembre de 201 sobre la demanda presentada contra la Alcaldesa de Canóvanas por pago indebido de fondos públicos y cobro de dinero en exceso. Las acciones legales son el resultado de referidos a Justicia por la contralora, Yesmín Valdivieso, relacionados a otorgamiento de aumentos salariales, informó Miranda. El caso incoado contra Lorna Soto es por devengar salarios mayores a los $6,500 mensuales que le correspondían al momento de asumir el cargo, tal como se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada en junio de 2014.

Por otra parte, la contralora Yesmín Valdivieso también publicó el lunes una auditoría realizada al municipio en la cual se identifica desembolsos millonarios a una corporación regular no incorporada por servicios profesionales.Valdivieso indicó que la auditoría de la contralora de Puerto Rico revela que el municipio de Canóvanas otorgó 20 contratos de ingeniería con 19 enmiendas por 1.47 millones de dólares (al 14 de marzo de 2014 se había desembolsado 843,868 dólares), a una corporación regular no incorporada con fines de servicios profesionales. En dicha situación los servicios profesionales se relacionaban con el diseño, supervisión y servicios técnicos de ingeniería en proyectos de construcción.  Del mismo modo, la secretaria de su Junta de Directores de dicha corporación, no poseía licencia de ingeniería, un requisito de la Junta examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico», agregó en declaraciones escritas.

Según la Contralora, el municipio otorgó siete contratos por 58,110 dólares a un contratista para realizar funciones que constituyen prácticas de ingeniería mientras que el Colegio de Ingenieros certificó a la Contraloría que esta persona no es ingeniero y tampoco está autorizado a ejercer dicha profesión.  Ambas situaciones se refirieron al Secretario de Justicia mediante cartas el 2 y 14 de septiembre de 2015. El informe cubrió el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2013, periodo en el que el alcalde era el actual aspirante al Senado José «Chemo» Soto.

«Este tipo de actos hace que el dinero no llegue a lo que tiene importancia como lo son nuestra gente y las comunidades. Trabajar para atender a pueblo debe ser siempre la prioridad», expresó el aspirante a la alcaldía, Enrique ‘Ricky’ Calderón.

«Como parte de mi plataforma de trabajo se implementaríanmedidas fiscalizadoras para el proceso de subastas como una Junta que asegure el cumplimiento con la ley y garantice la utilización correcta de fondos públicos.  Es una parte integral de mi plan de trabajo como alcalde de Canóvanas el promover el uso efectivo, eficiente y ético de los recursos del gobierno en beneficio de nuestro pueblo», concluyo Calderón.

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