Departamento de Agricultura apoya el desarrollo de grupos comunitarios agrícolas

 

Cultivo-HidroponicoFoto Archivo

 

El secretario del Departamento de Agricultura (DA), Agro. Carlos Flores  Ortega, realizó una visita de inspección al Centro de Microempresas y Tecnología Agrícola Sustentable de Yauco, con el propósito de apoyar el desarrollo de grupos comunitarios sin fines de lucro que utilizan la agricultura como parte de su desarrollo integral.

El proyecto, ubicado en una escuela en desuso del barrio Quebrada de dicho municipio, ha logrado establecer una serie de programas educativos y de autogestión que incluyen la producción de hortalizas en cultivo de Hidropónicos, y la propagación de árboles frutales, entre otros. «Este proyecto forma parte del Plan Para Puerto Rico de nuestro gobernador Ricardo Rosselló, en el cual estamos comprometidos con el desarrollo agrícola, y donde establecemos la igualdad de importancia tanto de un pequeño agricultor, como de una agroempresa», mencionó el titular de Agricultura.

El DA trabaja para implantar nuevas ayudas e incentivos que logren aumentar la producción agrícola en los distintos niveles empresariales. Durante la visita, una de las propuestas que llamó la atención del Secretario fue la instalación de un biodigestor anaeróbico, con el cual se producirá energía y biofertilizantes orgánicos a partir de desecho de ganado criado en semi-confinamiento. La visita fue guiada por el agricultor y consultor ambiental Pablo Guzmán y la Sra. Wanda Santiago, colaboradora del centro.

 

Un grupo de investigadores en energía eléctrica presentó ayer a la Jueza Laura Taylor Swain y a la
Junta de Control Fiscal su visión para transformar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico a fin de maximizar el uso de los recursos energéticos locales: conservación, eficiencia y energía renovable. La
propuesta rechaza la estructura centralizada actual de los sistemas de generación, transmisión y distribución, así como su dependencia deplantas fósiles grandes. En su lugar, los investigadores proponen unmodelo de planificación, diseño, construcción y operación del sistemaeléctrico en el cual los usuarios dejarían de ser consumidores pasivosy se convertirían en protagonistas a través de: generación solar
fotovoltaica en techos, comunidades solares y microredes, programas de gerencia de la demanda (demand response) y almacenamiento de energía distribuido.

“Por décadas el modelo dominante de energía eléctrica ha tenido como
base las plantas grandes. Hoy las realidades mundiales son otras, y en
Puerto Rico, siendo un sistema aislado que no posee recursos fósiles,
la viabilidad de otros modelos ocurre mucho antes que en lugares que
cuentan con recursos fósiles,” explicó el Dr. Eduardo I. Ortiz-Rivera.
Los investigadores entienden que durante el período de transición del
sistema actual a uno más distribuido que permita, además, el acceso a
los sistemas de almacenamiento de energía a todo tipo de cliente, será
necesario mantener plantas que quemen gas natural. No obstante,
proponen que dichas plantas gradualmente pasen a ocupar un rol
secundario a fin de maximizar los recursos energéticos locales; y que
se usen generadores nuevos, más pequeños, eficientes y de operación
flexible, pero localizados en los mismos terrenos donde están ubicadas
las plantas existentes, para no impactar lugares nuevos. Según
expresan los investigadores, mantener el sistema eléctrico existente y
simplemente trasladar la generación eléctrica al sector privado no
constituye una solución a los problemas energéticos que enfrenta el
país. “Las colaboraciones con el sector privado tienen que ser de
beneficio mutuo, no puede ser solo beneficioso para el inversionista.
No hacen falta plantas nuevas en lugares nuevos. Lo mejor para Puerto
Rico es usar el espacio en plantas existentes al reemplazar
generadores grandes con nuevos generadores más pequeños y flexibles.
Esto facilita los procesos de permisos, así como la construcción y
puesta en marcha de la nueva generación. Y más importante, le
permitirá a Puerto Rico tener una herramienta de negociación con el
sector privado y lograr los mejores acuerdos posibles luego de
evaluaciones transparentes de posibles propuestas privadas,” indicó el
Dr. Efraín O’Neill.

“Hoy tenemos una infraestructura que fue planificada y construida bajo
presunciones de un modelo centralizado. Por lo tanto, es necesario
replantearnos qué infraestructura eléctrica necesita Puerto Rico para
maximizar el desarrollo económico y social mientras protegemos nuestro
ambiente isleño,” expresó el Dr. Lionel Orama. Según explican, al
igual que en los años 1930 el Ing. Antonio Lucchetti propuso
interconectar y electrificar a todo Puerto Rico en pro del desarrollo
socio-económico; ahora hace falta una revolución de escala similar
pero dirigida a usar recursos energéticos distribuidos con un mercado
de potencia a nivel de usuarios en la red de distribución. Los
recursos energéticos distribuidos permiten a usuarios residenciales,
comerciales e industriales participar activamente en la satisfacción
de sus necesidades energéticas dentro del sistema socio-técnico que es
la red eléctrica. Esto no solo implica generar electricidad renovable,
sino también cambiar la forma que se usa energía eléctrica. “Si
simplemente buscamos otras formas de generar electricidad, pero
seguimos comportándonos igual, no alcanzaremos el nivel de madurez que
requiere un sistema que maximice los recursos locales”, expresó el Dr.
Marcel Castro Sitiriche. “Es vital que cada usuario asuma un uso
responsable, razonable y flexible de modo tal que la red eléctrica
pueda operarse con un nivel alto de recursos renovables conectados y
que el servicio eléctrico tenga el menor costo posible”, añadió.

Puerto Rico debió comenzar la transición al modelo distribuido al
menos hace 10 años. “En el 2007, cuando se aprueba la Ley 114 de
medición neta, la AEE perdió una oportunidad de reinventarse y
facilitar la adquisición de sistemas fotovoltaicos para techos de sus
clientes. Estamos en récord diciendo eso en las vistas públicas que se
celebraron en 2008. Puerto Rico perdió esa oportunidad, y hoy hay
empresas privadas haciendo eso mismo, alquilando sistemas solares en
los techos de los ciudadanos,” comentó el Dr. Agustín Irizarry. Como
comparación Hawaii, con sistemas eléctricos más débiles que el
nuestro, tiene como meta lograr 100% de energía limpia para 2045. La
meta en Puerto Rico sigue siendo solo 20% (establecida en 2010).

El Título V de PROMESA, del cual se discute muy poco, puede causar
mucho daño si los proyectos seleccionados por la Junta dan prioridad a
la ganancia del desarrollador, y no al beneficio a Puerto Rico. El
Título V de PROMESA fomenta la “generación privatizada”, pero no
limita que esa “generación privatizada” en lugar de ser plantas
nuevas, grandes, basadas en fósiles, sean los techos de usuarios
residenciales, comerciales e industriales. A 11 centavos por kWh, la
energía fotovoltaica en techos es una mejor opción que plantas nuevas
grandes. A esos 11 centavos se le sumaría una aportación para
mantenimiento de la red y pagar servicios de la misma. Pero aún con
ese cargo, cuyo justo valor hay que calcular, el costo estará por
debajo de los 20 centavos que pagamos en Julio 2017.

Además de presentar su visión a la Jueza Taylor Swain y a la Junta, el
colectivo de investigadores insta a todos los usuarios, especialmente
a las comunidades, a involucrarse en los procesos que se avecinan,
incluyendo periodos de comentario público, y exigir que estas opciones
distribuidas, que les benefician directamente, sean prioridad para la
Junta de Control Fiscal y las considere “proyectos críticos” según
definidos en PROMESA. Como mínimo, los proyectos energéticos
seleccionados no pueden ser impedimento sino complemento para lograr
una generación distribuida basada en paneles fotovoltaicos en techos.
“Es importante que en el contexto de la quiebra del gobierno y de la
AEE se puedan establecer estrategias de revitalización social y
económica a largo plazo. Sin visión a largo plazo, se afectarían los
servicios esenciales para el pueblo de Puerto Rico, se reduciría la
cantidad que se puede destinar para pagar la deuda y se limitaría por
más tiempo el acceso a los mercados de inversión de capital”,
concluyeron los investigadores.

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