Trabajadores federales en Puerto Rico, adscritos a la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), demandaron a los poderes políticos en Washington que dejen de tomarlos de rehenes en la negociación por la construcción del muro y anunciaron acciones de cabildeo y una vigilia este viernes, 15 de febrero, frente al Tribunal Federal.
El domingo el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que «un cierre de administración está técnicamente aún sobre la mesa» a partir de este viernes. Esa es la fecha límite para que una comisión bipartita en el gobierno alcance un acuerdo sobre los fondos del Departamento de Seguridad Nacional que viabilizarían el muro fronterizo.
Ernesto Valentín Rullán, representante del Concilio 19 para Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas de la AFGE, manifestó que los efectos del pasado cierre que culminó en enero todavía son palpables en los empleados y sus familias.
«Tomar como rehén el salario de los empleados del gobierno federal es abusivo. En Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas existen un promedio de 15,000 empleados que día a día proveen servicios a la comunidad, servicios indispensables para el ciudadano. De la misma forma no solo es privar a estas personas de su salario es también privarlos del sustento de su hogar, donde el núcleo familiar fue la víctima de una promesa política», expresó Valentín Rullán.
Dijo que desde ayer lunes hasta mañana miércoles oficiales de la AFGE estarán visitando el Congreso para garantizar el apoyo y lograr que este tipo de atropello nunca se repita. Unidos lograremos nuestra meta, indicó el representante del Concilio 19.
Por su parte, Rafael Arroyo, representante de la local 2608 de la Administración del Seguro Social, mencionó que los costos en la economía con el anterior cierre fueron más de $11 mil millones y se puso en peligro la seguridad de los vuelos comerciales originados y los recibidos en los aeropuertos de los EEUU y Puerto Rico. Denunció que la paga retroactiva en las distintas agencias ha sido errática y deficiente desde que el gobierno federal volvió a operar, porque el sistema de nómina colapsó en varias agencias y la paga ha llegado tarde e incompleta. Aseveró además que la fuga de talentos por la incertidumbre económica y el menosprecio del gobierno hacia sus servidores públicos es una realidad que hará más difícil cubrir plazas y atraer los más cualificados al servicio público federal.
«La Administración del Seguro Social no fue directamente afectada porque su presupuesto fue aprobado para el año fiscal previo al cierre, pero nuestro trabajo está íntimamente relacionado con las funciones del Servicio de Rentas Internas federal (IRS). El registro de salarios que se utiliza para determinar la elegibilidad y cuantía de los beneficiarios del SS es mantenido y administrado por el IRS. Nuestro trabajo de fiscalización o corrección de los registros mediante comunicación interagencial se afectó. Tampoco podíamos referir a reclamantes, beneficiarios o al público en general porque hubo un lapso de falta de servicio. Luego, aunque se activaron empleados del IRS a trabajar sin paga, obviamente, la disponibilidad se vio reducida, afectando el servicio de nuestra agencia», explicó Arroyo.
Javier Cestero, presidente de la local 557 de la Administración de Seguridad en la Transportación (TSA), señaló que los oficiales de la TSA tienen los salarios más bajos dentro del gobierno federal. «Los TSO no pueden continuar trabajando sin paga, bajo estrés severo por un período prolongado de tiempo. No es sorprendente que algunos empleados comiencen a renunciar a sus trabajos y tomen años de experiencia y compromiso para servir en otros lugares donde se les paga. Si el presidente Trump decide entrar en un cierre nuevamente podría atentar directamente contra la seguridad en la aviación, aparte de las largas filas que se formarían en los aeropuertos con una operación como las de Atlanta, JFK, o Los Ángeles (LAX) y Puerto Rico no es la excepción», sostuvo.
Iris Álvarez, presidenta la local 2614 en el Fuerte Buchanan, declaró que «aunque allí no hubo un impacto directo con los empleados, pero sí con sus familias ya que sus ingresos se vieron afectados al igual que varios empleados que laboran en la base Ramey de Aguadilla. La unión está aquí para llevar un mensaje de apoyo y de agradecimiento a las diferentes entidades que han brindado su mano a todos los empleados federales. Queremos enfatizar que el empleado no tiene que ser objeto de juegos y mucho menos por una lucha de poderes».
La AFGE está adscrita en Puerto Rico a la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR-AFL-CIO). Su presidente, José Rodríguez Báez, manifestó que «los empleados no deben estar sujetos a las presiones políticas de los partidos. Hay que aclarar que muchos se atrasaron en los pagos de sus hipotecas y servicios básicos, pero además otro gran número no se les reembolsa el salario, por lo que se ven grandemente afectados. Es inconcebible que se piense siquiera en la idea de un nuevo cierre. Nos oponemos tenazmente».
Vigilia y agradecimiento al pueblo
Los representantes de la AFGE en Puerto Rico celebrarán una vigilia este viernes, 15 de febrero a partir de las 3:00 pm, frente al Tribunal Federal, en la avenida Chardón en Hato Rey.
Además, los empleados federales en Puerto Rico agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad de la sociedad puertorriqueña, su comercio, organizaciones e individuos durante la crisis. Ellos recibieron donaciones de comida y servicios cuando se privó a más de 4,500 trabajadores de su salario y, por consiguiente, de su sustento.
En la conferencia de prensa también estuvieron: Brenda Reyes, de la local 2911 de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA); Thomas Vélez, de la local 2614 de la Guardia Costera; y Jesús Márquez, local 2408 de la Administración de Veteranos; Rafael Arroyo, representante de la local 2608 de la Administración del Seguro Social; Javier Cestero, presidente de la local 557 de la Administración de Seguridad en la Transportación (TSA); e Iris Álvarez, presidenta la Local 2614 del Fuerte Buchanan.
