El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, solicitó que el Proyecto de la Cámara 3001 sea incluido en la lista de medidas a ser atendidas durante la próxima Sesión Extraordinaria de la Legislatura.
El mencionado proyecto de ley busca restituir el requisito de certificar la disponibilidad de fondos al momento de aprobarse legislación que requiera el desembolso de fondos públicos.
«A principio de este cuatrienio, la delegación del Partido Popular Democrático enmendó el Artículo 8 de la Ley 103-2006, mejor conocida como la Ley de Reforma Fiscal del 2006, para eliminar el requisito de certificación de fondos por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda. Esta importante disposición de ley permitía saber cuál era el verdadero impacto fiscal de cada medida que la Legislatura consideraba para su aprobación. El PC 3001 restituye este necesario requisito», sostuvo Aponte Hernández.
La medida fue radicada el pasado 21 de junio por los representantes Jenniffer González Colón, Carlos Méndez Nuñez, el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante del partido popular Rafael Hernández Montañez, con la coautoría de Aponte Hernández.
«Este vital proyecto para el buen manejo de los recursos del Estado fue aprobado, de manera bipartita, con votación de 46 a 2, con 6 abstenciones, el pasado 25 de junio, pero lamentablemente el Senado no le dio paso debido al tranque legislativo que impuso el Presidente de dicho cuerpo, Eduardo Bhatia. Entendemos que esta medida es muy importante para fomentar, no sólo el buen uso de los fondos públicos, pero también la transparencia en la función administrativa del gobierno», agregó el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).
En una carta enviada en el día de ayer al gobernador, Alejandro García Padilla, el líder legislativo recalcó que la medida se convierte en una de «gran necesidad» ante la entrada en vigor de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como PROMESA por sus siglas en inglés.
«La Sección 204(a) de PROMESA establece que el Gobernador enviará cada ley aprobada a la Junta de Supervisión Fiscal para su revisión, excepto cuando el Gobernador le facilite a la Junta un estimado del impacto fiscal en ingresos y gastos, si alguno, de la ley aprobada, así como una certificación de una entidad gubernamental apropiada que confirme que la ley no es significativamente incompatible con el Plan Fiscal aplicable. Es por ello que la aprobación del PC 3001 permitirá cumplir con las excepciones de dicha Sección, y por lo tanto el que las leyes aprobadas no tengan que ser revisadas por la Junta», comentó el legislador de la Palma.
«Así mismo, se establecería un sistema formal bajo el cual la OGP, o cualquier otra entidad gubernamental apropiada, hagan disponible al público un estimado del impacto de la legislación sobre los ingresos y gastos, tal y como lo solicitara al Gobernador nuestro Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, quien ha trabajado y mejor conoce los pormenores y detalles de la Ley PROMESA y sus efectos», terminó diciendo Aponte Hernández.
