La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) denunció esta mañana como atropellado y antidemocrático el proceso que lleva a cabo el Senado para aprobar el Proyecto de Ley 1523 que propone, básicamente, reestructurar el esquema de endeudamiento perpetuo de esa corporación pública para avanzar en su privatización.
«Los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad no vamos a ser cómplices del chantaje al que están sometiendo a la AEE y ante el cual un puñado de senadores se ha rendido a los pies de los bonistas, quienes son los arquitectos de esa pieza legislativa que ha sido presentada con el aval del gobernador Alejandro García Padilla», sostuvo Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego (UTIER).
Durante el día de hoy, el Senado ha convocado vistas públicas para atender la Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica que, redactada por la oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, y los propios bonistas, dispone reestructurar el modelo organizacional de esa instrumentalidad pública entregando totalmente a los acreedores el control de la Autoridad y, al mismo tiempo, viabilizando un esquema para seguir emitiendo deuda mediante la creación de una corporación nueva para poder recobrar el pago de la deuda incluyendo aumentos en las tarifas.
Un grupo considerable de organizaciones incluyendo a altos directivos de la AEE, así como funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento, la Comisión de Energía, la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) y la Cámara de Comercio, entre otros, han sido citados a deponer hoy de forma atropellada. En la vista se pretende evaluar dos documentos, el proyecto de ley y el propio acuerdo con los bonistas que entre ambos superan las 350 páginas, a solo días de que se hicieran públicos.
Los líderes de la Alianza, en tanto, prevén un proceso legislativo precipitado, toda vez que los trabajos se realizan bajo la amenaza de los propios bonistas, quienes han coaccionado la discusión y aprobación de esta ley para no más tarde del próximo 20 de noviembre.
Ha trascendido que entre los acuerdos a los que ha llegado la AEE con los bonistas se dispone que de no aprobarse la referida ley a esa fecha (20 de noviembre) las condiciones del acuerdo se anulan.
«Lo trágico del desempeño de los senadores es aceptar el chantaje y la intimidación del grupo de bonistas que están imponiendo un proceso imprudente y forzoso a expensas de unos acuerdos que, como si fuera poco, no se han querido divulgar ampliamente ante el país», expresó Evans Castro, presidente de la Unión de Empleados Profesionales Independientes (UEPI).
El liderato de la Alianza indicó que el pacto de reestructuración de la deuda que tiene la AEE con un grupo de sus acreedores, que incluyen inversores en bonos y fondos de cobertura tradicional municipal y de la línea de combustible, exige la reestructuración del esquema de endeudamiento y repago de la corporación pública y, para tener el control total de la corporación, pretende cambios en su Junta de Gobierno, la imposición de una nueva estructura tarifaria para la venta de energía a consumidores residenciales y comerciales hasta solicitar informas de créditos para otorgar nuevos servicios.
«Es una irresponsabilidad y una falta de respeto presentar una medida como ésta a días de finalizar la sesión legislativa y pretender su aprobación vía ‘fast track’. El Presidente del Senado ha dicho que aprobará el proyecto del Ejecutivo sin mayores ajustes y se anticipa que ocurra lo mismo en la Cámara de Representantes, pero los trabajadores no lo permitiremos», señaló Luz López, presidenta de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE.
«Aquí no hay ninguna transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Con esta ley se pretende realizar una reforma administrativa operacional y de gobernanza, dar paso a privatizadores con la excusa de modernizar la flota de producción y generación de energía y meterle la mano al bolsillo al pueblo incluyendo a los trabajadores y jubilados para dizque obtener ahorros operacionales», sentenció por su parte Ernesto Santiago Pérez, presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE.
Figueroa Jaramillo subrayó que el proyecto en discusión legislativa es uno «hecho a la medida de los bonitas para tomar por asalto uno de los principales activos del país diseñando un esquema que, a su vez, perpetuará el endeudamiento de la corporación con garantías de pagos y, de paso, pretender hipotecarnos el futuro».
Al mismo tiempo, el líder de la UTIER acentuó que la propuesta ley para la «renovación» de la AEE viene de la mano con la aprobación del proyecto que busca frenar el desarrollo de Prepanet, medida que ya ha sido ratificada en el Senado y que es impulsada por empresarios de la industria de telecomunicaciones en contubernio con el presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua, senador Ramón Luis Nieves.
«En este gobierno no hay ninguna responsabilidad con el país. Aquí reina el chantaje de los bonistas y las presiones de los dueños de industrias de telefonía móvil, Internet y televisión por cable que quieren exprimir los recursos del Estado para lucrarse, en uno de los esquemas de asalto gubernamental más grande en la historia reciente», acotó el líder sindical.
Los dirigentes de la Alianza manifestaron que lucharán por evitar la aprobación de cualquier medida legislativa que atente contra el carácter público de la AEE, el empobrecimiento aún mayor de nuestro pueblo, la seguridad laboral de sus empleados unionados y gerenciales y el bienestar del país. A su vez, expresaron categóricamente que no colaborarán con este proceso porque no se convertirán en cómplices del mayor robo de la historia moderna de Puerto Rico.
