La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero Pérez, reclamó que la aprobación del proyecto que privatiza los bienes de dominio público marítimo terrestres en la Reserva Natural La Parguera es irresponsable e incongruente y a su vez, constituye una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico porque beneficia a un sector exclusivo y sentaría un precedente nefasto en privatizar de otras áreas naturales protegidas, playas y costas.
«Con esta acción, los legisladores le han fallado al bien común del Pueblo de Puerto Rico al consentir que se le conceda a un grupo privilegiado y exclusivo, los bienes de dominio público marítimos terrestres que forman parte de la Reserva Natural La Parguera, en contra de lo que establece nuestra Constitución. El DRNA recomendó una solución integral y uniforme para atender esta situación, tanto en Parguera como en otros sectores de menos recursos económicos, y presentó alternativas como la Ley de Costas, pero en tres años y medio los legisladores no quisieron atenderla ni aprobarla», declaró la planificadora.
Este proyecto contradice los principios e iniciativas de la plataforma ambiental del gobernador Alejandro García Padilla, obviando medidas como la propuesta Ley de Costas presentada ante la legislatura desde el 2013 sin tan siquiera haber completado la deliberación de dicho proceso. Con la aprobación de esta medida, se crea un precedente nefasto propiciando la apropiación de los bienes de todos los puertorriqueños para beneficio de un puñado de estructuras privadas de forma privilegiada.
La intención del DRNA en esta administración nunca ha sido sacar con máquinas a la gente que ubica en la zona marítimo terrestre, sino trabajar de manera integral con las soluciones, ya que a lo largo de toda la costa de Puerto Rico existen al menos 2,647 estructuras en los bienes de dominio público marítimo terrestres. Pero, los legisladores solo se ocuparon de trabajar una medida de manera fragmentada para beneficio de cerca de 100 estructuras dentro de los límites de la Reserva Natural de La Parguera.
Aunque en inmumerables ocasiones el DRNA recomendó que se atendiera el problema de las ocupaciones ilegales en la zona marítimo terrestre en todo Puerto Rico de forma integrada y responsable con una nueva Ley de Costas, nunca se logró adelantar el proyecto en el Senado. ¿Qué el DRNA le dirá ahora a los dueños de casas en la playa Buyé, en Cabo Rojo, que el tribunal ordenó a la agencia a sacarlos de la zona marítimo terrestre por que sus casas estaban ilegalmente construidas sobre la playa? ¿Qué hará el DRNA con las familias del sector El Negro, en Yabucoa, que quieren que la agencia les de permiso para reconstruir sus casas en la zona marítimo terrestre porque el mar les está abatiendo sus estructuras y la agencia no puede permitir su reconstrucción porque esas casas están sobre la playa en un área vulnerable y de alto riesgo a eventos naturales? ¿Qué hará el DRNA con la gente de Punta Figueras, en Ceiba, que el gobierno federal require que la agencia reubique sus casas de la zona marítimo terrestre? La agencia les tendrá que decir que no vivían en un sector de privilegio con acceso a las altas esferas del poder que logró que se le legarizaran sus estructuras privadas mediante unas enmiendas realizadas a la carrera y sin debate público profundo en la Legislatura», resaltó la secretaria.
Recalcó que la medida no toma en consideración todo el consenso internacional sobre el manejo adecuado de las costas ante los efectos de los cambios climáticos que ya se experimentan en Puerto Rico, tales como el aumento en el nivel del mar, la erosión costera y el aumento e intensidad de eventos atmosféricos extremos.
«En el DRNA seguimos en la mejor disposición de dialogar sobre posibles alternativas que no constituyan la privatización mediante enajenación de los bienes de dominio público y de nuestras reservas naturales», sostuvo la planificadora.
La defensa de los bienes del pueblo en la zona marítimo terrestre no es una posición exclusiva del DRNA. Históricamente se han expresado diferentes agencias estatales y federales, así como múltiples sectores e inclusive cuenta con un historial jurídico de determinaciones judiciales.
