El presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ernesto Santiago Pérez, solicitó a la nueva legislatura que, tan pronto comience sus funciones en enero próximo, derogue la Ley 4 de 2016, conocida como Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
Según Santiago Pérez, esta ley se aprobó en violación a las normas constitucionales y los principios que rigen el trámite y aprobación de las leyes en Puerto Rico, toda vez que el gobernador Alejandro García Padilla y el director de la AEE, Javier Quintana, ejercieron presiones indebidas para su aprobación y nunca le presentaron al pueblo los verdaderos objetivos de esta la legislación, que eran aumentar la tarifa de la luz y darle más derechos a los bonistas que negociaron a oscuras con la corporación pública.
«La Ley 4 se amparó en acuerdos entre la AEE y los bonistas que los suscribieron para así menoscabar a uno de sus principales acreedores, el Sistema de Retiro, entidad con la que la propia corporación mantienen una deuda actuarial que ronda los $1,900 millones, además de una deuda de alrededor de $60 millones por concepto de aportaciones corrientes ya vencidas a junio de 2015», señaló el líder de los jubilados.
Agregó que esta ley no solo menoscaba las responsabilidades con el Sistema de Retiro, sino que realiza cambios en las prioridades de la corporación pública que resultarían en detrimento de los trabajadores activos. Esto además de imponer nuevos cargos y tarifas en la factura de la luz que afectarán a los consumidores.
«Esta ley también cambia el esquema para emitir bonos, pasando por alto el Contrato de Fideicomiso de 1974, que estableció que ninguna parte de los ingresos brutos de la AEE se utilizarán para otro propósito que no sean las obligaciones contractuales de la corporación, entiéndase el pago al Sistema de Retiro y la nómina», manifestó.
Santiago Pérez recordó que todos los legisladores del Partido Nuevo Progresista, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, votaron en contra de la aprobación de esa ley, por lo que están ante el deber moral y la responsabilidad política de anularla.
«Nos ocuparemos de recordarle a los legisladores de la nueva mayoría que la oposición que asumieron en el pasado debe ser revertida en acciones afirmativas en el presente que favorezcan a la AEE, en especial a su Sistema de Retiro y a los clientes de la corporación pública», concluyó.
