La Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (CRAEE) no podrá emitir nuevos bonos de titulización para intercambiar con bonos existentes de la AEE, como pretende hacer, hasta tanto se resuelvan los casos legales que impugnan la validez del Capítulo IV de la Ley 4 de 2016 y aquellos que se radiquen como resultado de la Orden de Restructuración emitida el pasado 21 de junio.
Así lo denunció hoy Ernesto Santiago Pérez y Luz López Rivera, líderes de la Asociación de Jubilados y Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, respectivamente, luego que el martes la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) emitiera una Orden de Reestructuración autorizando un alza en la factura de luz de 3.10 centavos/kWh.
Según se anunció, este aumento, presentado como un cargo de transición, es para aumentarle la certidumbre a los bonistas de cara a una nueva emisión de deuda.
Los dirigentes gremiales explicaron que la base legal que crea la CRAEE, Ley para la Revitalización de la AEE (Ley 4-2016), establece que ésta debe ser validada en un foro judicial. Al momento, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan atiende varias demandas que cuestionan la validez del Capítulo IV de esa ley, una de ellas incoada por los líderes de los jubilados y gerenciales de la AEE.
«El estatuto que crea la CRAEE no es legítimo hasta tanto sea validado en un foro judicial, y eso está claro en la ley. Así las cosas, y aun cuando el martes se aprobó un cargo de transición, esta entidad no puede emitir bonos de restructuración hasta tanto se resuelvan nuestras impugnaciones legales y cualquier otra que surja como resultado de la Orden de Restructuración», señaló López Rivera.
Los cuestionamientos presentados ante el tribunal señalan que los cargos de transición constituyen un acto de incautación de la propiedad privada de los clientes de la AEE por no estar relacionados con la corporación pública ni con el servicio eléctrico, sino con una emisión de bonos propulsada por la CRAEE, entidad con la que los clientes aseguran no tienen ninguna relación.
Por lo tanto, dicen los líderes, dicho cargo es inconstitucional.
Santiago Pérez y López Rivera se mostraron preocupados porque, junto a la aprobación del cargo de transición, la CEPR anunció que la CRAEE se dispone coletarizar la deuda de la AEE para emitir nuevos bonos antes del 30 de junio considerando que este aumento proporciona un mecanismo de repago seguro.
«La CEPR se precipita al emitir una orden que da luz verde para tomar más prestado porque hay unos pleitos legales pendientes que no se comenzarán a ver hasta septiembre. Exigimos a estos funcionarios hablar claro ante el país y detener cualquier intento de continuar endeudando a la Autoridad», expresó Santiago Pérez.
Asimismo, ambos líderes rechazaron las expresiones del director ejecutivo de la AEE, Javier Quintana, quien señaló que la orden emitida por la CEPR era «un importante paso para que la Autoridad que le permitirá ejecutar su plan de recuperación y su transformación integral».
«El ingeniero Quintana le falta a la verdad. No olvidemos que detrás de toda este proceso lo único que se pretende es emitir más deuda para pagarle a los bonistas, pagar millones en contratos de asesores y consultores que han intervenido e intervendrán en la emisión, manteniendo un ciclo de endeudamiento tóxico que no resolverá ninguno de los problemas que enfrenta la AEE. Y lo peor, ese esquema de endeudamiento lo pagaremos los consumidores», acotó el líder de los jubilados, quien mencionó que según la Orden de Restructuración la AEE paga honorarios de hasta $1,050 la hora.
De otra parte, ambos dirigentes recordaron que la CEPR todavía tiene ante su consideración la propuesta de revisión tarifaria que presentó la AEE con la que se dispone aplicar un nuevo aumento al kilovatio/hora a partir de agosto, lo que elevará más el costo de la luz eléctrica.
«La intención es crear las condiciones para establecer aumentos a la tarifa de la luz consistentemente. Más lo peor es que la orden aprobada le otorga autoridad a la CRAEE para imponer y cobrar los nuevos cargos de transición. No existe obligación alguna para los clientes de la AEE paguemos esos aumentos, más allá del acto de expropiación forzosa que constituye la Ley 4-2016», concluyó López Rivera.
