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El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, junto a los representantes Luis ‘Junior’ Pérez Ortiz y Ángel Bulerín Ramos, censuraron que la exadministradora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López Martínez, continúe devengando la friolera de $7,000 al mes en salario y compensaciones, a pesar de que es acusada de participar uno de los esquemas de corrupción más grandes en la historia de Puerto Rico.
Los legisladores del Partido Nuevo Progresistas emplazaron a Alberto Bacó, jefe de López Martínez, a que la destituya inmediatamente.
«Tenemos que levantar bandera sobre esta situacion que involucra a Sally López y el hecho de que continúe devengando altas sumas de dinero del gobierno. Esta persona está en el eje de uno de los peores esquemas de corrupción pública en la historia. Sin embargo, ella continua recibiendo su salario todos los meses por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el cual supera los $7,000. Este hecho es repudiable», señaló Pérez Ortiz, quien representa a los constituyentes de Bayamón.
López Martínez fue arresta el 3 de diciembre de 2015 como parte del caso que lleva la Fiscalía Federal en su contra por aceptar regalos y cuadrar la otorgación de contratos al ahora convicto y exrecaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández.
Por su parte, Aponte Hernández insistió en que Bacó tiene el deber de separar a la otrora administradora de ADL de toda función pública, al igual que de sus salarios y demás compensaciones.
«Entendemos que esta persona continua cobrando su salario de $84,000 anuales, como si nada, bajo al amparo de subterfugios legales. Estamos emplazando al Secretario del DDEC, el señor Bacó a que haga lo que tiene que hacer y cancele los pagos que se le hacen todos los meses a López Martínez, quien fue acusada y señalada en el juicio federal en su contra por cambiar facturas, obligar a empleados a pagarle a su amigo del alma, Anaudi Hernández, todas las facturas que sometía, incluyendo las que inflaba por servicios que no prestaba. Esto sin decir nada de los cuantiosos regalos que ella aceptada de Hernández a cambio de contratos en ADL y sin saber si todos esos beneficios los reporto en los informes de Ética Gubernamental».
Bulerin Ramos se hizo eco del llamado de sus compañeros estadistas, añadiendo que «no estamos hablando de una mera acusación, este caso llega al extremo de la malversar fondos públicos y el gobierno del Partido Popular Democrático continúa pagándole a ella como si nada hubiese pasado. Emplazamos al gobernador, Alejandro García Padilla, a que instruya a Bacó a sacar del gobierno a este funcionario que tanto daño le ha hecho al servicio público y cese el pago de salarios a ella».
López Martínez era empleada de carrera en la antigua ADL, la cual fue absorbida por el DDEC en el 2015. La funcionaria paso en el 2014 de la Administración, en un destaque, para trabajar en la Fortaleza como ayudante especial. Luego de su arresto, fue reinstalada en su puesto de carrera como Coordinador Administrativo en el mencionado Departamento y ha seguido cobrando su salario como si nada hubiese ocurrido.
