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Multan a empresa por remoción de terreno para antenas de celulares en Susúa, el caso está referido a Justicia

SusúaRemocionCorteza

Foto Archivo

 

La empresa Soluwise Solutions, que realizó movimientos de terreno en el Sector Susúa, entre Guánica y Sabana Grande, para la instalación de antenas de comunicación (celulares), será multada por $2,000 por violar el permiso de extracción de corteza terrestre, según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El caso también se ha referido al Departamento de Justicia.

 

Los datos se revelaron en una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por Cirilo Tirado, donde se analizó la Resolución del Senado 889, de la autoría de Martín Vargas Morales, senador por el Distrito de Ponce. La Investigación surge por denuncias de los vecinos de la zona.

 

En el año 2014, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) autorizó a la empresa Soluwise Solutions (también Wise Towers LLC) a extraer 702 metros cúbicos de corteza terrestre en el sector Susúa del Barrio Arenas de Guánica, que colinda con Sabana Grande. Soluwise se excedió por 150 metros cúbicos, según declaró el secretario interino del DRNA, Julio E. Méndez González, por lo que corresponde una multa. Además, la empresa debe mitigar el daño hecho mediante la cesión de una franja de terreno en proporción de 3 a 1, en vista de que la zona es hábitat del guabairo, un ave nativa en peligro de extinción. Contrario a las demás aves, el guabairo anida en la hojarasca del suelo. Soluwise también deberá remover todo el terreno inestable e implementar medidas de control de erosión y sedimentación, así como preparar un plan de forestación en la zona.

 

Por su parte, el ingeniero Carlos Collazo, presidente de Soluwise Solutions, presentó una amplia ponencia donde destacó sus credenciales profesionales, como preámbulo a la defensa del proyecto en Susúa. «Hay cerca de 4,000 personas en ese sector que no tienen los beneficios del servicio celular por problemas de cobertura y merecen servicio como los demás clientes de empresas de celulares», expresó Collazo. En su ponencia, el ingeniero aseguró tener todos los permisos al día para la instalación de antenas de comunicación y que han implementado un plan de control de sedimentación y erosión. Sobre las alegaciones de los vecinos sobre los potenciales y alegados daños a la salud causados por la radiación de las antenas cercanas a las comunidades, Collazo los refirió a un portal en Internet de la Comisión Federal de Comunicación (FCC). «Tal como determinan las leyes federales, es la FCC quien ocupa ese campo. En internet hay varios boletines sobre el tema», expuso.

 

Por otro lado, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) declaró que actualmente evalúan una solicitud enmendada donde se propone y se añade remoción de terreno para la construcción de un camino de acceso al proyecto. En la ponencia, firmada por el arquitecto Alberto Lastra Power, director ejecutivo de la misma, asegura que velará por el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias en el caso de la instalación de antenas.

 

Durante la vista pública también se presentó Luis Omar García Mercado, residente en Sabana Grande y representante de la Coalición en Pro de la Salud y el Ambiente de los Barrios Susúa de Sabana Grande y Arenas de Guánica. García aseguró que Soluwise Solutions «indujo a error a la OGPe durante el proceso de evaluación del proyecto, en su parte ambiental, por lo que procede la revocación del permiso de construcción. Peor aún, cuando Soluwise solicita los permisos y se les otorga, no existía en Puerto Rico ninguna corporación registrada a ese nombre. Soluwise se registró en el Departamento de Estado el 17 de noviembre de 2014, siete meses después de aprobarse el permiso». La Coalición presentó a la Comisión documentación en apoyo a su ponencia.

 

Finalmente, se hizo público en la vista que la Comisión senatorial refirió al caso de Soluwise al Departamento de Justicia, por la posible violación a las leyes. El referido se realizó en septiembre pasado. «Ya tenemos conocimiento que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) inició la investigación y está recopilando información sobre este asunto», explicó Jorge Fernández Porto, director de la Comisión

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