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Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista solicitaron a la Policía de Puerto Rico y al Municipio de Río Grande que suscriban, con carácter de urgencia, un Acuerdo Colaborativo para destinar mayores recursos a atender la situación de criminalidad en dicho pueblo.
La solicitud de auxilio se hace luego de que el pasado martes fuera vilmente asesinada en Río Grande la fiscal Francelis Ortiz Pagán, cuando en horas de la madrugada entraba a su hogar luego de salir de su turno de trabajo en el Centro Judicial de San Juan.
«Este crimen, que aún se encuentra bajo investigación, puso al desnudo la ola criminal que arropa a Puerto Rico, pero en especial a Río Grande, la cual no discrimina por razón de edad, sexo, ni condiciones de trabajo. En este mes de enero también fue asesinado Edgardo Rivera Osorio, un bombero de 42 años que prestaba servicios en el Parque de Bombas de Loíza. Algo se tiene que hacer y es ya», dijo la representante María Milagros Charbonier, quien, junto al portavoz alterno de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, y el representante Ángel Bulerín Ramos radicaron una resolución para ordenar a la Policía y al Municipio suscribir el mencionado acuerdo dirigido a destinar mayores recursos a atender la situación de criminalidad y que permita a la Policía Municipal de Río Grande atender situaciones de actividad delictiva en dicho pueblo.
«Nuestro objetivo es provocar que una orden de la Legislatura para que se atienda la grave situación de criminalidad que vive Río Grande de inmediato. Necesitamos que los recursos se asignen a la mayor brevedad posible para poder proteger adecuadamente a nuestros ciudadanos. No podemos permitir que siga habiendo acechos, escalamientos, robos a mano armada y, mucho menos, asesinatos. Lo que le pasó a la familia de la Fiscal Ortiz Pagán no se puede volver a repetir en Río Grande, ni en Puerto Rico», comentó el portavoz alterno.
Para atender los problemas de actividad criminal, existe desde hace décadas, legislación puertorriqueña para empoderar a las comunidades y atender las necesidades inmediatas de seguridad pública. Se trata de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, conocida como «Ley de la Policía Municipal». Dicha Ley, permite a los Municipios de Puerto Rico, crear cuerpos de policías municipales para que, según ciertos parámetros, puedan atender la necesidad de seguridad colectiva. No obstante, por tratarse de un cuerpo policial de jurisdicción limitada, en ocasiones necesita de recursos adicionales para poder cumplir la encomienda de mantener la paz y el orden.
«Entendemos que esta no es una solución perfecta. Pues siempre hay la posibilidad de que los malhechores logren burlar a las autoridades para cometer sus fechorías. Pero entiendo que es el inicio de un mayor énfasis en atender el grave problema de criminalidad que azota a las comunidades riograndenses», añadió Méndez.
