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El Proyecto del Senado 1081, de la autoría del senador por el Distrito de San Juan, Miguel Romero Lugo, busca enmendar el «Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico», y disponer que será derecho de cualquier funcionario o empleado público que denuncie un acto de corrupción poder solicitar y obtener asesoramiento y/o representación legal gratuita a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o, en su defecto, del Departamento de Justicia, para incoar o participar en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja al amparo de las protecciones que le son otorgadas a los denunciantes de actos de corrupción en el Título IV de dicho estatuto.
«Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio proveer una garantía adicional a todo funcionario o empleado público que haga lo correcto y denuncie este mal que, al final de cuentas nos afecta a todos», enfatizó el senador Romero Lugo.
