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El profesor universitario Gazir Sued fue cesanteado en represalia por sus expresiones públicas sobre las injustas condiciones laborales de los profesores bajo contrato en la Universidad de Puerto Rico. Tras la publicación de un artículo a inicios de verano, en donde denunció la precariedad económica, la incertidumbre laboral y la segregación discriminatoria de los docentes más jóvenes de la Universidad, la administración del Recinto de Río Piedras emitió una carta denegando la renovación de su contrato, sin justificaciones y a pesar de reconocer que el profesor Sued cumple cabalmente con todos los requerimientos institucionales y fue recomendado para recontratación por el Comité de Personal.
Desde entonces, el Dr. Gazir Sued ha denunciado a las autoridades institucionales el carácter arbitrario y caprichoso de la determinación citada, y ha exigido que le sea entregado informe escrito de las razones por las que fue cesanteado. Del mismo modo, ha exigido por derecho propio ser restituido en su empleo como docente. Hasta la fecha, la Rectora del Recinto de Río Piedras, María de los Ángeles Castro, ha denegado la información solicitada y el remedio propuesto, alegando que la determinación es «prerrogativa gerencial» y que el Dr. Gazir Sued no tiene derecho laboral ni protección legal que cobije sus reclamos.
El profesor Sued, quien fue becado por la presidencia para estudios doctorales en España y lleva doce años enseñando en la UPR, ha denunciado públicamente el secretismo institucional como práctica de encubrimiento de negligencias administrativas, de abusos de poder «discrecional», arbitrariedad y capricho patronal.
Igualmente, Sued ha denunciado que los asesores legales de la Rectora han violado cánones de ética profesional, ocultando información y pruebas de evidencia sensible para distorsionar los méritos de su caso y encubrir maliciosamente las faltas y violaciones de los administradores imputados.
En los próximos días, el profesor Gazir Sued convocará a Conferencia de Prensa para dar detalles sobre el caso y entregará para dominio público toda la documentación argumentativa y pruebas de evidencia.
