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La Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) radicó ayer una moción para intervenir en la demanda presentada por el Gobernador de Puerto Rico en contra de la Junta de Control Fiscal, que fue creada bajo la ley PROMESA por el congreso de los Estados Unidos. La APRUM establece que la decisión que emita la jueza Laura Taylor Swain en el pleito iniciado por el ejecutivo afectará directamente la demanda que, hace un año (julio de 2017), la APRUM radicó ante el tribunal del Título III de PROMESA.
La APRUM, representada por los licenciados Rolando Emmanuelli Jiménez, Yasmin Colón Colón y Jessica E. Méndez Colberg, impugna la legalidad de los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) consignados en el presupuesto impuesto en julio de 2017 y, nuevamente, en el del 2018. La APRUM argumenta que la Junta de Control Fiscal no puede violar las leyes vigentes en Puerto Rico ni legislar a través del plan fiscal.
La demanda de la APRUM fue enmendada en mayo de 2018, luego de una pausa establecida por las partes hasta que culminara el proceso de certificación de los planes fiscales tras los huracanes Irma y María. La demanda enmendada establece que los recortes a la UPR son ilegales, ya que la ley vigente (Leyes 66-2014 (vigente hasta el 1 de julio de 2017) y 3-2017) fija el presupuesto de la institución en $834 millones anuales. La demanda incluye como alegación que el presupuesto aprobado en el 2017, así como el del 2018, no pueden contravenir el proceso requerido para cambiar una ley. Plantea, además, que la Junta federal tampoco tiene la facultad para legislar, argumento en sintonía con la demanda del Gobernador que se verá en corte el próximo miércoles, 25 de julio de 2018.
«El 25 de julio de este año tiene un significado especial, ya que une tres fechas decisivas para los puertorriqueños: en el 1898, el ejercito de los Estados Unidos invadió nuestras tierras; en el 1952, el Congreso norteamericano reconoció el ELA, que ha demostrado ser un recurso inadecuado para proteger a nuestro pueblo ante atropellos antidemocráticos; y el próximo miércoles, una corte dictaminará si la ley federal puede establecer su control antidemocrático y absoluto sobre el gobierno local,» expresó el Dr. Marcel Castro Sitiriche. «En estos momentos, el pueblo tiene que unirse en contra de la injusticia que nos imponen y los atropellos a la democracia y a nuestra voluntad en las urnas. En este asunto tiene que sumarse todo el pueblo, independientemente de su ideología, de su partido y de sus creencias, pues intentamos proteger la democracia y, en especial, nuestro patrimonio, la Universidad pública del país,» puntualizó.
La APRUM ha demostrado consistencia y visión en sus reclamos, ya que hace más de un año decidió, de forma unánime, que era imprescindible defender los intereses del país y su educación superior en el tribunal de Título III de PROMESA. Este mes, otros sectores –que incluyen a la Fortaleza y al Senado de Puerto Rico– se han percatado de la necesidad de retar la autoridad antidemocrática de la junta federal.
Asimismo, la APRUM ha señalado por mucho tiempo la necesidad de que la universidad pública tenga una estabilidad financiera mínima para poder cumplir con su misión y mantener las acreditaciones de sus programas. Recientemente, la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) le dio la razón a la organización docente, pues informó que mantendrá ocho recintos en probatoria debido a la inestabilidad financiera y a la incertidumbre generada por los recortes que ha retado la APRUM. «Como insiste el Plan SoS UPR (1.0 y 2.0), la UPR es un servicio esencial para fortalecer la economía del país. Desarrolla el capital humano necesario para hacer sostenible nuestra economía y genera actividad económica que multiplica cada dólar invertido en ella. Una UPR fortalecida es imprescindible para salir de esta crisis,» insistió la Dra. Lissette Rolón Collazo del colectivo PROTESTAmos y de APRUM. Asimismo, ambos planes alternos detallan distintas medidas que pueden lograr la estabilidad financiera para la UPR y, también, atender asuntos fiscales neurálgicos como la falta de liquidez para los sistemas de pensiones del gobierno y el déficit del sistema de salud. Puede acceder los planes fiscales en el siguientes enlaces de https://protestamos.net/: Plan SoS UPR 1.0, junio 2017, y el Plan SoS UPR 2.0, marzo 2018.
En consonancia, la demanda radicada por la APRUM defiende la protección de la UPR como servicio esencial y ahora exige que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso, de modo que pueda garantizarse la continuidad de los servicios educativos y su impacto positivo como motor de vitalidad económica y movilidad social, en especial para las comunidades y sectores más vulnerables del país.
