La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por la Ley PROMESA estableció lo que llamó «Listening Sessions with Stakeholders» como parte del proceso para revisar el Plan Fiscal de Puerto Rico luego del paso del huracán María. En su segunda «sesión de diálogo», celebrada el 30 de noviembre, depuso la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), representada por su portavoz, Marcel Castro Sitiriche, para establecer la importancia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que el pueblo necesita y recalcar la naturaleza antidemocrática e injusta de la Junta, desde su composición hasta sus acciones (enlace a ponencias – https://juntasupervision.pr.gov/wp-content/uploads/wpfd/43/5a2145d45818c.pdf).
«Mientras entendíamos que la Junta tendría diferencias con nuestros planteamientos, no pudimos predecir que con sus acciones durante la llamada «sesión de diálogo» hicieran abierto despliegue del carácter antidemocrático e injusto en el que opera la junta. Quedó en evidencia que las actividades públicas de la junta son un mero ejercicio de propaganda y no un intento real de escuchar y dialogar», comentó Castro Sitiriche.
El profesor Castro Sitiriche, quien además es miembro de PROTESTAmos, presentó, en su breve ponencia, estudios que demuestran el impacto de la Universidad pública en la isla y distintos escenarios fiscales tomando en cuenta estimados de recaudos. Esta primera parte se enfocó en los recursos del pueblo para sostener la universidad que Puerto Rico necesita. Toda esta información ya había sido enviada a la Junta durante el mes de mayo, contenida en el «Plan Fiscal Sostenible para la UPR» (Plan SoS UPR), preparado por el colectivo PROTESTAmos y endosado, desde su primera versión, por la APRUM. El «Plan SoS UPR» también ha sido un documento crucial en la acción legal que la APRUM está llevando a cabo en el Tribunal de quiebras del Título III de la ley PROMESA que dirige la jueza Laura Taylor Swain.
«Luego del huracán María es imperativo que la UPR tenga los recursos necesarios para aportar de la manera más efectiva en la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico» sostuvo Lissette Rolón Collazo, integrante del equipo coordinador del colectivo PROTESTAmos e integrante activa de la APRUM. Sin embargo, al plantear que la JSF está desconectada de la realidad y que tiene un serio conflicto de intereses, la ponencia fue interrumpida y finalmente cortada, al apagar el micrófono del portavoz de la APRUM (enlace al vídeo – https://livestream.com/fombpr/events/7957596/videos/166651059).
Mientras la Junta aprueba salarios que sobrepasan medio millón de dólares anualmente, se proponen cambios a los sistemas de pensión que ponen en riesgo el bienestar de empleados en su vejez. Para personal que devenga salarios que van de $300 mil a $600 mil anualmente, tener una pensión con beneficios definidos no es crucial para poder asegurar su sustento cuando ya no pueda trabajar. Sin embargo, para una persona asalariada que ha dedicado su vida al servicio público y a la educación del país es imprescindible. El conflicto de intereses se manifiesta, entre otras razones, en que dos de los miembros de la Junta, Carlos García y José González –que tuvieron a su cargo el área de financiamientode Santander y también estuvieron al frente del Banco Gubernamental de Fomento mientras la deuda de Puerto Rico se elevaba a niveles insostenibles por lo que son parte del endeudamiento irracional en el que nos encontramos (enlace a informes – http://hedgeclippers.org/pirates-of-the-caribbean-how-santanders-revolving-door-with-puerto-ricos-development-bank-exacerbated-a-fiscal-catastrophe-for-the-puerto-rican-people/ ) https://www.scribd.com/document/338702218/Beware-of-Bankers-Bearing-Gifts). Es crucial reconocer que estas dos personas construyeron una deuda injusta e insostenible para Puerto Rico. Debería ser sentido común para toda persona que, quien ha creado un problema, no debe estar en una posición de autoridad en el proceso de resolverlo. Por ejemplo, a quién se le ocurriría colocar a un legislador convicto por corrupción a cargo de la Oficina de ética. Jamás pensaríamos que es apropiado que un pedófilo convicto termine a cargo de un hogar juvenil para sobrevivientes de abuso. Debido al craso conflicto de intereses que adolecen, este jueves, 30 de noviembre, requerimos que Carlos García y José González renuncien a la Junta y aporten su vasto conocimiento a la solución de la deuda insostenible de Puerto Rico que provocaron.
Al mismo tiempo, nuestro reclamo ante una junta antidemocrática –desde su concepción en la ley PROMESA– fue claramente validado por la forma poco civilizada en la que el «diálogo con la junta» no pasó de ser un hablar de asuntos que no le resultan incómodos. El «listening session» no incluía escuchar un punto de vista distinto que reta la composición de la JSF, la cual tiene inmunidad por ley, fue creada por un Congreso en el cual no tenemos representación y su ley fue firmada por un Presidente a quien no podemos elegir desde Puerto Rico.
Hoy, lunes, 4 de diciembre se llevará a cabo en Nueva York el tercer «diálogo con la junta» (enlace – https://juntasupervision.pr.gov) y es importante establecer que, un evento en el que se silencia la voz que hace reclamos basados en la justicia, la libertad y la democracia, no se le puede llamar diálogo. La APRUM y PROTESTAmos continuarán denunciando de distintas maneras a la Junta y sus procesos injustos, así como convocando a que nos unamos como pueblo y levantemos la voz ante un Congreso que no tiene los mejores intereses de Puerto Rico en su agenda –como quedó evidenciado una vez más por la reciente decisión de considerar a Puerto Rico «jurisdicción foránea» para propósitos contributivos– y ante una junta antidemocrática que solo rinde cuentas a ese mismo Congreso y a los buitres de la deuda, pero nunca a nuestro país.
