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El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel ‘Chayanne’ Martínez Santiago, propuso crear nuevamente la Superintendencia Auxiliar de Operaciones en los Puertos y Aeropuertos dentro de la estructura de la Policía de Puerto Rico, con el fin de que se especialice en la seguridad de nuestros puertos y aeropuertos.
Ayer, martes, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ejecutaron sobre 20 órdenes de arresto contra varios empleados del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Según se desprende de las acusaciones, estos utilizaban sus puestos para transportar drogas ilegales a los Estados Unidos.
El pasado 28 de marzo el senador por el Distrito de Arecibo radicó el Proyecto del Senado 406, el cual establece la mencionada Superintendencia y le otorga un grado de autonomía administrativa y operacional en relación con el resto del personal policiaco.
«Una de esas áreas de seguridad que requiere una atención particular por su entorno y por la naturaleza de la labor que realiza es la protección de nuestros ciudadanos y turistas en los puertos y aeropuertos de la Isla. Su importancia toma relevancia cuando se entiende que gran parte del movimiento humano y del tráfico económico de nuestra Isla ocurre en nuestros puertos y aeropuertos. Además, en décadas recientes los puertos y aeropuertos se han convertido en lugares propicios para atentados, robos y otra serie de conductas delictivas», lee parte de la Exposición de Motivos de la medida.
En el pasado, Puerto Rico tuvo la experiencia de contar con una Superintendencia Auxiliar de Puertos la cual fue creada mediante la Orden General Núm. 87-15, del 3 de septiembre de 1987. En la misma, se estableció que sería una unidad de trabajo especializada en la vigilancia de puertos marítimos y aeropuertos con el propósito de proveer vigilancia veinticuatro horas al día en los aeropuertos y puertos marítimos de la Isla.
Asimismo, dicha unidad debía mantener una estrecha coordinación con las agencias federales y estatales que, también, intervenían en las zonas portuarias para detectar la introducción ilegal de sustancias controladas, personas indocumentadas, armas, explosivos ilegales y otros tipos de contrabando. Por su naturaleza, el funcionamiento de dicha unidad estuvo estrechamente relacionada con la Autoridad de Puertos. En aquel entonces, ambas agencias otorgaron un contrato en el que la Policía se obligó a asignar a ciertos agentes para ofrecer vigilancia portuaria a cambio de que la Autoridad de Puertos sufragara los sueldos de los agentes.
En su proyecto, el también Portavoz Alterno de la delegación del PNP en el Senado deja claro que «la responsabilidad primaria de proteger los puertos y los aeropuertos de la Isla recae en la Policía de Puerto Rico. A pesar de que existen efectivos federales y guardias privados que colaboran en garantizar la seguridad en los puertos y aeropuertos, la Policía tiene un deber ministerial de proteger a todo ciudadano que se encuentre en suelo puertorriqueño. En la actualidad la Policía destaca parte de su personal ordinario, mediante turnos rotativos, a proteger nuestros puertos y aeropuertos».
«Reconocemos la facultad que tiene el Superintendente de la Policía de crear divisiones especializadas dentro de la agencia que dirige. No obstante, entendemos que debido a la importancia operacional de dicha Superintendencia y para evitar que este sujetas a cambios administrativos u operacionales tiene que estar cobijada dentro de la «Ley de la Policía de Puerto Rico», añadió Martínez Santiago.
