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El senador Thomas Rivera Schatz advirtió hoy que todo jefe de agencia, funcionario o miembro de alguna junta gubernamental que haya participado en la toma de decisiones que provoquen demandas de acreedores en los tribunales estatales o federales por el incumplimiento de las obligaciones constitucionales o contractuales del gobierno y violaciones de derechos civiles, tendrán que responder con su propio dinero para defenderse en las cortes y también deberán pagar parte de las compensaciones que los tribunales otorguen a los acreedores demandantes.
“Aquí hay funcionarios de alto nivel y miembros de juntas de directores en corporaciones públicas, incluyendo al gobernador, que se están otorgando así mismos licencias poéticas e inmunidades al tomar decisiones irresponsables que provocarán enormes demandas contra el pueblo de Puerto Rico por parte de acreedores, debido a que el gobierno incumpliría con obligaciones constitucionales y contractuales, incluyendo violaciones de derechos civiles. Esa actitud envalentonada de estos funcionarios surge porque, hasta hoy, la Ley 9 de 1975 dispone que se paguen con fondos públicos los abogados que los defenderán de esas demandas y hasta las compensaciones económicas que los tribunales les otorguen a los acreedores que sufran violaciones a sus derechos civiles como la privación de sus propiedades y ahorros sin el debido proceso de una ley que sea válida constitucionalmente. Pues a todos les anticipo que, a partir de enero de 2017, la ley cambiará. Legislaremos para que esos funcionarios irresponsables tengan que pagar sus abogados con su propio dinero y también las compensaciones que los tribunales les otorguen a los acreedores, hasta donde lleguen los recursos económicos personales de cada uno de esos funcionarios. El resto de las compensaciones deberá pagarlas el pueblo de Puerto Rico, según nuestro ordenamiento” advirtió Rivera Schatz.
La Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, establece que un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sea demandado en daños y perjuicios en su carácter personal por actos u omisiones incurridos dentro del marco de sus funciones que constituyan violaciones a los derechos civiles de los demandantes, puede solicitar que el Estado le provea representación legal y pague la sentencia que en su día pueda recaer. Esta ley también protege a los funcionarios, aún después de cesar en sus funciones públicas y mientras los litigios se encuentren en trámite judicial.
El ex presidente senatorial sostuvo su advertencia en el hecho de que el gobernador Alejandro García Padilla y los principales funcionarios de su administración han sostenido que se puede legislar para incumplir obligaciones de rango constitucional y contractual con los acreedores del gobierno en medio de una situación de crisis fiscal. Han legislado ademas para protegerse con inmunidades absolutas librandose de cualquier responsabilidad por sus actos.
“Si ese ha sido el argumento que han utilizado García Padilla, sus jefes de agencias y legisladores para tomar decisiones irresponsables para arrastrar al pueblo de Puerto Rico a un diluvio de demandas multi billonarias, entonces a ellos se les debe aplicar la misma regla. Indudablemente, la crisis fiscal que ellos dejarán en las arcas públicas será peor que ahora cuando entreguen el gobierno en enero de 2017. Por lo tanto, si ellos realmente creen que se pueden evadir legislativamente las obligaciones constitucionales y contractuales del gobierno con sus acreedores por esa razón, entonces dejar sin efecto la ley que los protegería económicamente en esas demandas es mucho más viable porque la misma no tiene rango constitucional ni contractual. La Ley 9 es simplemente el resultado de un ejercicio legislativo que puede variar en cualquier momento y más en medio de la crisis fiscal en la que ellos entregarán el gobierno. Son ellos los que han planteado que la crisis fiscal justifica el incumplimiento de obligaciones constitucionales y contractuales. Por lo tanto, tampoco podrán alegar que la Ley 9 es un derecho adquirido, pues derechos adquiridos tienen todos los acreedores del gobierno y ellos mismos han menoscabado esos derechos alegando una crisis fiscal. El pueblo de Puerto Rico no tiene por qué pagar millones de dólares en los abogados de esos funcionarios que tomaron decisiones irresponsables y tampoco la porción de las sentencias que ellos puedan pagar hasta donde lleguen sus propios recursos económicos y propiedades”.
