Rivera Schatz: «No le vamos a dar un cheque en blanco a nadie»

Ante los reclamos del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico (CIAPR) y del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América de que se establezca un marco regulatorio legal previo a la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz informó que el proyecto «completo, confiable y transparente» que apruebe la Cámara Alta incluirá sus peticiones para establecer en una sola legislación «todo».

«Debe haber una sola legislación…El Proyecto del Senado 860 como vino no va a ser aprobado. Va a ser algo muy, muy pero muy diferente. No le vamos a dar un cheque en blanco a nadie. Esto tiene que ser un buen negocio para Puerto Rico», estableció Rivera Schatz, quien sostuvo ha tenido conversaciones con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, al respecto.

Las expresiones de Rivera Schatz, respaldadas por ambas organizaciones y el senador Eduardo Bhatia Gautier, se produjeron en la vista pública que realizó la Comisión Especial de Energía que preside el senador e ingeniero Larry Seilhamer Rodríguez sobre dicha pieza legislativa que viabiliza la venta de activos de la AEE mediante alianzas público privadas. También, crearía la «Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico».

Aparte del marco regulatorio Rivera Schatz dijo que atenderá otras preocupaciones presentadas por el CIAPR entre estas el marco transaccional y el regulatorio y la política pública. Asimismo, expresó preocupación sobre quien o quienes van a decidir qué negocios se van a llevar a cabo en torno a la energía eléctrica por lo que aseguró que la pieza legislativa que se apruebe incluirá estatutos para que la transacción sea «bajo la luz del sol».

«El proyecto va a sufrir cambios profundos y la última palabra la va a tener la Asamblea Legislativa. Van a tener que venir aquí después de la negociación y de todas las transacciones para que las delegaciones que conforman la Cámara de Representantes y el Senado con la participación de personas entendidas en la materia, como el CIAPR entre otros sectores que tienen mucho que aportar sobre esto puedan validar si en efecto ese negocio es bueno», dijo el presidente senatorial quien recordó el proceso transparente de la venta de la Telefónica de Puerto Rico a finales de la década de 1990.

El ingeniero Pablo Vázquez Ruiz, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CAPR), celebró la acogida de las recomendaciones ya que la medida como está redactada no cuenta con el aval de la institución que representa.

«Si se hacen las enmiendas en este proyecto y se recoge en uno fabuloso en aras de ahorrar tiempo y de que este esfuerzo no se dilate más de lo necesario. Es un esfuerzo genuino consolidar todas estas ideas en una sola pieza», comentó Vázquez Ruiz, quien dijo que el proceso de transformación energética debe ser «transparente» pero sin crear expectativas de ahorros energéticos a nivel ciudadano con los supuestos estipulados sin darse a conocer qué estudios garantizan tales objetivos».

En torno al marco regulatorio, el senador Miguel Romero Lugo sugirió que no se excluya la posibilidad de que se incluya un modelo de alianza público privada cooperativista. Indicó que las facultades del ente regulador «no pueden estar limitadas por un contrato».

El CAPR recomendó que la transformación energética incluya modernizar y fortalecer la transmisión y distribución, adoptar una red más resistente a los disturbios atmosféricos y convertir la red eléctrica en una «inteligente» que permita integrar otras tecnologías de fuentes de generación. También, diversificar las fuentes de combustible utilizadas en el proceso de generación y reducir los costos de energía eléctrica así como las emisiones atmosféricas, entre otras disposiciones.

«Si aspiramos a una transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico en el que uno de los beneficios de esta transformación sean mejores previos precios en la energía eléctrica, el momento de atenderlo es ahora. Es por eso que reiteramos la necesidad de adoptar una política energética nacional y que dentro de la misma se incluya el uso eficiente de la energía y tarifas de horas de usos. El no atender esto en este proceso de transformación tendría el efecto de instalar mayor capacidad a la realmente necesaria y habrá que costear el mismo por los próximos 30 años», añadió Vázquez Ruiz al advertir que los proyectos de energía son «complejos» y «costosos».

Vázquez Ruiz argumentó una política pública energética clara, comprensiva y abarcadora -que trascienda administraciones gubernamentales- previo a entrar en un proceso de transformación «mayor». Según el presidente del CAPR esto permitirá la construcción de un sistema eléctrico en el menor tiempo posible y con los costos de energía más bajos.

El presidente del capítulo de Puerto Rico de Asociación de Contratistas Generales de América, Stephen Spears, argumentó que los procesos de liquidación de haberes, solicitud, evaluación y aprobación de propuestas de alianzas público privadas «tiene que ser transparente y supervisado por una comisión independiente que represente los mejores intereses de los consumidores».

El senador independentista Juan Dalmau Ramírez opinó que el proyecto como está redactado, es «incompatible» la garantía de lo que debe ser un derecho humano (de servicio de energía) que pase a manos privadas «cuando es responsabilidad primaria del Estado. Sin embargo, dijo que esto no es «incompatible» con que la AEE «hay que transformarla».