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La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, favoreció las enmiendas a la Ley 54, recogidas en el Proyecto del Senado 145, medida que fue evaluada hoy en vistas públicas de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que preside la senadora Itzamar Peña.
El Proyecto del Senado 145, busca enmendar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54 de 15 de agosto de 1989) a los efectos de disponer que en todo caso en que se expida una Orden de Protección y la pareja tenga hijos menores de edad, las relaciones paterno filiares quedarán automáticamente paralizadas y se ordenará a la Unidad de Trabajo Social del Tribunal realizar una evaluación para determinar si se deben establecer las relaciones paterno o materno filiares, sin que los menores estén expuestos a ser víctimas de violencia o maltrato.
“Favorecemos la aprobación de la medida, toda vez que garantizaría la seguridad del menor ante una situación de disputa entre sus padres que requirió la expedición de una orden de protección por parte del Tribunal”, apuntó Vázquez Garced quien además recomendó que la restricción inmediata de las relaciones paterno-materno filiales sea en aquellos casos en que la violencia doméstica se cometa en presencia de los menores o en aquellas circunstancias en las que se evidencie un patrón de violencia por parte del agresor.
«Este proyecto impone al Estado que vaya mas allá en su responsabilidad de proteger los derechos de los menores”, agregó la funcionaria.
Por otra parte, la titular de Justicia recomendó que los trabajadores sociales del Tribunal que atiendan los casos planteados en el texto de la pieza legislativa, deben ser profesionales con peritaje en casos de violencia doméstica.
De igual manera, hizo énfasis en que las órdenes de protección son mecanismos que son mucho más efectivos cuando están acompañados por las medidas de seguridad adecuadas.
La Red de Albergues, Instituciones y Centros para Menores de Puerto Rico, ente representado por su presidente, Marcos Santana Andújar, también avaló el proyecto e hizo varias recomendaciones.
En primer término destacó que amerita un análisis minucioso el hecho de que en casos de patria potestad compartida, ello supone la participación de ambos progenitores en decisiones relevantes sobre asuntos que afectan a sus hijos. “Para que los menores reciban una intervención especializada dirigida a romper con el ciclo de la violencia, la víctima deberá tomar decisiones en conjunto con quien ejerce violencia doméstica”, dijo Santana Andújar.
Subrayó además que para hacer frente a la lucha contra la violencia en niños y adolescentes es de suma importancia contar con estadísticas actualizadas. En tal sentido sugirió incorporar al proyecto que se establezca como política pública, la recopilación de datos a través de un registro único a nivel estatal.
Asimismo, recomendó que se integre la limitación de relaciones filiales también para casos de víctimas de agresión sexual y asecho, al tiempo que pidió a la presidenta de la Comisión incluir una sección adicional al articulado de la Ley, relacionado al pago por servicios especializados prestados a las víctimas de violencia doméstica o en su lugar establecer multas a la parte agresora, las cuales estén dirigidas a crear un fondo para la atención de menores víctimas de este flagelo social.
El Departamento de la Familia también endosó la medida. No obstante recomendó que en el lapso de 30 días que indica el proyecto para que los trabajadores sociales del Tribunal estudien el caso, las relaciones partero-materno filiales no sean suspendidas, sino que se autoricen en un ambiente controlado, bajo el esquema de visitas supervisadas.
De igual forma, propuso que el texto de esta herramienta jurídica dictamine que mientras las relaciones filiales son auscultadas, las víctimas de violencia doméstica, incluyendo los menores, deben ser referidos a recibir ayuda psicológica y terapia de familia.
Por último, la presidenta de la Comisión, no descartó incluir en el P del S 145 un lenguaje que obligue a llevar un registro de datos, porque ello permitiría, entre otras cosas, optar a fondos federales para programas de protección a las víctimas.
De forma similar se expresó sobre la postura del Departamento de la Familia. «Yo me inclino a tomar las sugerencias del Departamento de la Familia, siempre y cuando pueda analizar el insumo que sobre este tema tengan los tribunales”, sentenció.
