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La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero Pérez, expresó que pese a que la agencia considera necesario que se encaminen soluciones para la controversia de las casas y muelles ilegales que sitúan en el agua y terrenos de dominio público de La Parguera, recomendará al gobernador Alejandro García Padilla que no firme el proyecto que privatizaría esa zona porque es inconstitucional.
La titular explicó que «el proyecto del Senado 1621, aprobado en la Cámara de Representantes durante los últimos días de la sesión, es incompatible con la Constitución de Puerto Rico y la naturaleza de los bienes de dominio público marítimo terrestre que pertenecen a todo el Pueblo de Puerto Rico».
Dijo que la legislatura no consultó al Departamento de Justicia sobre este proyecto ni les pidió comparecer a vistas públicas a pesar de que es la agencia que representa los bienes y los derechos del pueblo.
La planificadora indicó que este proyecto de ley atiende de forma exclusiva las residencias privadas de La Parguera, pero tendrá implicaciones en la posible privatización de los bienes de dominio público marítimo terrestres en las playas y las costas de todo Puerto Rico. Durante las vistas legislativas, el DRNA se opuso a que solo se privilegie a propietarios de La Parguera, sino que recomendó que se apruebe una nueva Ley de Costas que nos permita trabajar de forma uniforme, consistente y balanceada con todas las ocupaciones legales e ilegales en la zona marítimo terrestre en Puerto Rico .
«Este asunto debe atenderse de forma integral y responsable y no con unas pequeñas enmiendas a la Ley orgánica del departamento. Las implicaciones de este proyecto de ley son serias y debieron ser atendidas con mayor tiempo y profundidad del provisto durante esta sesión legislativa. Mientras en diversos países del planeta establecen retiros de la costa por los riesgos del cambio climático, el aumento en el nivel del mar y la erosión costera, con este proyecto de ley estaríamos legalizando lo ilegal encima de nuestras playas y costas», manifestó la titular.
«Tanto el DRNA como el Plan Ambiental del gobernador Alejandro García Padilla han recomendado en los pasados años que se desarrolle una nueva Ley de Costas para Puerto Rico. Esta nueva Ley de Costas debe dar una directriz clara al DRNA sobre cómo atender todos los tipos de ocupaciones en la zona marítimo terrestre de cara al futuro y unirnos a los esfuerzos internacionales para proteger a la ciudadanía de riesgos costeros, al aumento del nivel del mar y la erosión costera», señaló Guerrero Pérez.
Recordó que en nuestro ordenamiento jurídico no se puede impedir el derecho al libre acceso de nuestras costas y playas, las cuales además del gran valor natural y ecológico que albergan, son uno de los más grandes atractivos turísticos de nuestra Isla, permitir que los dueños de casas ocupen los bienes de dominio público es atentar contra ese derecho.
El 13 de junio de 1978, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica (USACE, por sus siglas en inglés), suscribieron el Memorando de Entendimiento del Área Recreacional La Parguera (MOU) que dispone que el ELA se comprometió a remover toda estructura abandonada, insegura o peligrosa de las aguas y manglares de La Parguera y, dentro de 12 años desde la firma del MOU, eliminar toda tenencia privada en la ribera.
El USACE, a su vez, se comprometió a no conceder permisos para residencias o muelles privados construidos luego del 9 de julio de 1977 en las aguas costeras navegables de La Parguera; tampoco se concederían para estructuras privadas construidas en las aguas navegables alrededor de las islas y cayos cercanos. Todos los permisos concedidos por el COE con antelación al MOU a dueños de muelles, casas y otras estructuras privadas serían nulos luego del 1ro. de enero de 1980.
Mencionó que hay preocupación con el hecho de que el proyecto dispone que puedan otorgarse concesiones por términos de 40 años y renovables a otros 40 porque podría constituir una privatización de los bienes de dominio público marítimo terrestre, así como una desafectación de facto de los mismos y contraviene con la naturaleza pública de los mismos.
Otro de los elementos que genera preocupación al DRNA es que el proyecto presenta la posibilidad de que se hagan reparaciones de las estructuras actualmente construidas porque deja la puerta abierta para que se hagan restauraciones o reconstrucciones completas de las estructuras ilegales.
Guerrero Pérez recalcó que las estructuras ilegales en la zona marítimo terrestre han representado un impacto sobre los derechos del pueblo al libre uso y disfrute de nuestras playas, y un riesgo a la seguridad pública del país. Algunos de esos problemas son: la reducción parcial o total de los accesos a la costa y las playas; el menoscabo de la integridad de los sistemas naturales típicos de la costa, reflejado por el vertido, sin autorización o de aguas residuales; el incremento en los riesgos a la seguridad pública y de la propiedad, resultantes de construcciones y desarrollos dentro de la zona marítimo terrestre que ocasionan la erosión y degradación del litoral, son algunos de los problemas que caracterizan este tipo de actividades. Estos riesgos se ven acrecentados hoy día por los efectos adversos del cambio climático, incluyendo el aumento en el nivel del mar y la intensidad y magnitud de eventos extremos del clima, los cuales aumentan la vulnerabilidad y los riesgos a la vida y la propiedad de las personas que se encuentran ocupando de manera ilegal la zona marítimo terrestre.
