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Solicitan al Gobernador que vete Proyectos de menores

 

 

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), le solicitó, mediante comunicación escrita al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que vete dos proyectos de ley que tendrían graves consecuencias para los niños y adolescentes puertorriqueños. Se trata de los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036 para reformar el Sistema de Justicia Juvenil, ambos bajo la consideración del Ejecutivo.

Para el gremio, que reúne a los miles de profesionales del Trabajo Social en la isla, la oposición a estas medidas estriba en que representan a un Sistema de Justicia Juvenil remediativo, punitivo y basado en el castigo a la niñez, en lugar de su rehabilitación.

«Estos proyectos son unos de las muchas otras medidas de carácter social sometidas por la Legislatura que en el CPTSPR analizamos detalladamente antes de acudir a las vistas públicas. Tenemos una responsabilidad con el país y es nuestro compromiso etico-político con esta población y sus familias», destacó el presidente del Colegio, Larry Emil Alicea Rodríguez.

Inclusive, con el fin de examinar a fondo el tema, el pasado 30 de agosto Ia Comisión de Legislación del Gremio llevó a cabo un panel titulado: ¿Niños y niñas criminales?: Dialogo en torno a Ia edad mínima para procesar judicialmente. Esa noche, ante el público en general, cuatro profesionales: un abogado, doctor en neurociencia, doctora en psicología y una trabajadora social coincidieron que Ia edad para procesar judicialmente a un joven debe ser los 16 años de edad. No obstante, se analiza que Ia edad de 13 años pudiera ser una opción para iniciar y que de forma paulatina se llegue a Ia edad de 16 años, que también es la recomendada por organizaciones internacionales.

«Sabemos que transformar el Sistema de Justicia Juvenil no es solo el establecimiento de una edad mínima para ser procesado judicialmente. Existen otros aspectos que necesitan mirarse para atender adecuadamente a nuestros niños, niñas y jóvenes. Tales como su salud física y mental, deficiencias en el desarrollo, dificultades en el aprendizaje, historial de Ia familia, privaciones culturales, maltrato, entre otros temas que nos exigen ser cuidadosos en Ia atención de esta política pública», destacó Alicea Rodríguez.

Por otro lado, el Senado ha propuesto una medida menos punitiva que cuenta con el aval de diversos sectores profesionales y expertos, entre estos el CPTSPR. El proyecto 489 establece una edad mínima, limita el uso de esposas y cadenas y favorece Ia resolución de conflictos a través de Ia mediación, entre otros aspectos.

Para Alicea Rodríguez, el hecho de que el Gobernador tenga ante sí un Proyecto de Ley en el Senado que tiene el mismo propósito de los de la Cámara, pero con la diferencia de que sí considera los derechos humanos de la niñez, es una gran oportunidad para atender y cambiar en su totalidad los problemas que confronta el actual Sistema de Justicia Juvenil.

«El Sistema no puede tener un discurso de rehabilitación y en su práctica ser mas restrictivos que el sistema para los adultos. Eso refleja una contradicción en Ia política pública sobre el manejo de este tema. La niñez puertorriqueña gana si el gobernador Rosselló veta los P de Ia C 1035 y 1036 y, en su lugar, avala y firma el P del S 489. Nuestra niñez y juventud no es Ia responsable del contexto social y las inequidades sociales, que muchas veces provocan que terminen en foros judiciales, ante procesos duros y difíciles de comprender para sus edades, que laceran su dignidad y su estabilidad emocional», expresó el Trabajador Social.

El Presidente del CPTSPR también puso a la disposición del gobierno los recursos de la organización, al proponer un comité multisectorial con entidades y profesionales que se involucran en el Sistema de Justicia Juvenil para crear proyectos comunitarios y de mediación de conflictos en las escuelas.

«Sin embargo, todas estas iniciativas serán inconsecuentes si no atendemos y erradicamos las condiciones sociales que sirven de base para que niños, niñas y adolescentes incurran en lo que el gobierno llama una Falta, pero que procesa como un Delito», concluyó.

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