El alcalde Roberto «Bobby» Ramírez Kurtz informó que el Tribunal de Apelaciones denegó una segunda petición de interdicto y moción en auxilio de jurisdicción, incoada por dos ciudadanos que se oponen a la Iniciativa Naranja en Cabo Rojo que enfatiza y promueve el reciclaje, por lo cual continúa el pago del servicio de disposición de la basura mediante la compra de bolsas naranjas.
Ramírez Kurtz afirmó que la propia Resolución del Tribunal Apelativo resalta que los peticionarios del interdicto no probaron «que exista circunstancia alguna, de naturaleza urgente, que requiera nuestra intervención inmediata. Unicamente argumentan que la Ordenanza Municipal Núm. 26 es ilegal y que se les se está ocasionando daños porque tienen que someterse a una ordenanza» que ellos consideran nula y que supuestamente afecta sus derechos constitucionales.
El Primer Ejecutivo caborrojeño destacó que los jueces del Apelativo decidieron que «la alegación general y abstracta de los Peticionarios no es suficiente para ameritar nuestra intervención» en los procedimientos. «Continuaremos adelante, como hasta ahora, con la Iniciativa Naranja que constituye un sistema novedoso para el presente y futuro de Puerto Rico», declaró el Alcalde.
Ramírez Kurtz reiteró el éxito y la aceptación ciudadana a la implantación de la Iniciativa Naranja que dispone un programa de reciclaje y el novedoso sistema de pago del servicio de recogido y disposición de desperdicios sólidos mediante la compra de bolsas color naranja.
Un comerciante y un ciudadano presentaron la segunda petición de interdicto y la moción en auxilio de jurisdicción mediante un recurso de Certiorati, solicitando al Apelativo que revocara la decisión de la jueza Lynnette Ortiz de no detener la implantación de la Iniciativa Naranja en Cabo Rojo. En mayo pasado, la jueza Ortiz había declarado «no ha lugar» la primera petición de interdicto preliminar y sentencia declaratoria que ambos presentaron y que buscaba declarar nula la Ordenanza Municipal Núm. 26.
El Alcalde sostuvo que su administración municipal «continúa con su iniciativa de progreso y avanzada en la disposición de los desperdicios sólidos, un asunto en el cual el país se ha quedado rezagado. Nuestro objetivo es continuar orientando e informando al pueblo hacia una cultura de reciclaje y de protección ambiental».
«La Ordenanza Municipal Núm. 26 beneficia a los 50,000 habitantes de Cabo Rojo y, por extensión, a los residentes de los otros municipios que se proponen imponer el cobro por la disposición de los desperdicios sólidos para continuar prestando servicios esenciales y evitar el cierre de sus operaciones», apuntó Ramírez Kurtz.
Denunció que ante las constantes imposiciones y recortes en aportaciones del Gobierno Central a los municipios, la Nueva Ciudad de Cabo Rojo se ha visto en la obligación de auscultar y analizar medidas alternas y/o innovadoras para mantener la continuidad de los servicios de forma costo-efectiva e ininterrumpida. El servicio de recogido manejo y disposición de desperdicio sólidos es una de las tareas y actividades más compleja, difícil y de severo impacto económico al Municipio» acotó Ramírez Kurtz.