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En un avance clave, los republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes llegaron a un acuerdo en principio con la Casa Blanca para ayudar a rescatar a Puerto Rico de su deuda de 70 mil millones de dólares.
Un proyecto de ley revisado y presentado la noche del miércoles crearía una junta de control para que ayude a administrar las obligaciones financieras del territorio estadounidense y que supervise la reestructuración de la deuda. La iniciativa se alcanzó después de semanas de negociaciones.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan; la lideresa de los demócratas, Nancy Pelosi; y el secretario del Tesoro, Jacob Lew apoyaron el jueves la iniciativa de ley. Lew la calificó de «un compromiso bipartidista justo aunque difícil».
Ryan, republicano por Wisconsin, dijo en un comunicado el jueves que la propuesta de ley podría evitar un rescate fiscal del territorio por parte de los contribuyentes estadounidenses.
El plan es «la solución más responsable de la crisis, porque da a Puerto Rico un camino hacia una reforma real, mientras al mismo tiempo protege a los contribuyentes», aseguró.
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes podría votar el proyecto de ley tan pronto como la próxima semana. El presidente de la comisión, Rob Bishop, republicano por Utah, ha encabezado las negociaciones sobre la iniciativa y ha trabajado de cerca con Ryan, Pelosi y la Casa Blanca.
Bishop presentó una primera versión de la iniciativa el mes pasado, pero canceló una votación del comité ante las objeciones de ambos partidos. Desde entonces ha trabajado estrechamente con Ryan para ganarse a los conservadores, que temen que la medida siente un precedente ante los estados con problemas financieros, y a los demócratas a los que les preocupa que la junta de control sea demasiado poderosa y favorable a los acreedores.
El objetivo era redactar un texto que pueda aprobarse tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado antes de que Puerto Rico incumpla un plazo de deuda de 2.000 millones de dólares, que cumple el próximo 1 de julio.
La nueva versión del texto incluye concesiones a republicanos, demócratas y miembros que quieren asegurarse de que el Congreso tiene la última palabras sobre quién se sienta en la junta.
Bishop esperaba presentar la propuesta la semana pasada, pero el miércoles informó que los retrasos se habían debido principalmente al nombramiento de los siete integrantes de la junta. Según el nuevo texto, el presidente Obama escogería a todos menos uno de los miembros de listas proporcionadas por los cuatro líderes republicanos y demócratas de la Cámara y el Senado. Si Obama no elige de entre esas listas, los candidatos requerirán confirmación del Senado.
Los legisladores se han esforzado para que el texto de la ley impida que Obama pueda rechazar fácilmente a los nominados y la junta se elija con rapidez.
La última versión también elimina una polémica cláusula que habría transferido al gobierno de Puerto Rico un terreno federal en la isla cercana de Vieques, una gran concesión a los demócratas, cuyos votos podrían hacer falta en la Cámara de Representantes.
El texto sí conserva una cláusula que permite al gobierno puertorriqueño bajar los requisitos del salario mínimo federal para algunos trabajadores jóvenes, algo a lo que también se oponen los demócratas.
Según el texto, la junta de control exigiría al gobierno de Puerto Rico la creación de un plan fiscal, lo que incluye orientar al territorio para proporcionar financiamiento adecuado para las pensiones. La isla tiene un déficit de más de 40.000 millones de dólares en el financiamiento de pensiones públicas.
Los acreedores han expresado su preocupación por quedar segundos en la lista de pagos tras las obligaciones de pensiones, mientras que el Gobierno de Obama ha presionado para asegurarse de que se priorizan las pensiones.
Bishop dijo que el objetivo de la legislación es asegurar que se paga a todo el mundo.
«No estamos en el proceso de elegir ganadores y perdedores en esto, y es precisamente por eso por lo que está la junta, para que pueda hacer un proceso ordenado de eso», dijo la semana pasada.
La isla ha estado inmersa en un estancamiento económico durante una década, y más de 200.000 personas han abandonado Puerto Rico en los últimos cinco años, reduciendo la base fiscal de la isla. Los problemas financieros empeoraron como resultado de escollos en la economía estadounidense en general, y el gasto público en Puerto Rico continuó sin supervisión.
