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La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a través de su compañía de venta de servicios de Internet al detal PREPA Networks, estaría dispuesta a reunirse con compañías similares de la industria de las telecomunicaciones para presentar a la Asamblea Legislativa un acuerdo a largo plazo y de esta forma lograr una competencia justa entre las partes. Más aún cuando PREPA Networks ha decidido enfocar sus esfuerzos en el mercado al por mayor y no al detal.
“Estamos dispuesto a considerarlo. Nosotros en la industria tenemos relaciones con todos operadores y siempre estamos abiertos a opciones. Si eso es lo que necesitamos para ayudar a la industria a enfrentar el golpe económico que viene pues nos sentamos y diseñamos un modelo en el que aseguremos que la AEE, que es la dueña de la infraestructura, se siente cómoda y lo echamos hacia adelante. No tengo problema con eso”, dijo el director general de la empresa ingeniero José D. Casillas en vista pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado que preside el senador Miguel Laureano luego de que favoreciera con enmiendas el Proyecto de la Cámara 27 que propone la creación de la ‘Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”.
Esta sugerencia fue presentada en la vista pública por el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Gautier luego de que PREPA Networks presentara una ponencia diametralmente opuesta a la que sometió a la Cámara de Representantes cuando consideraron la medida en audiencias públicas. Ante esta recomendación, el senador Miguel Laureano comentó que “estamos cumpliendo con una responsabilidad legislativa” y anunció que la Comisión que preside continuará el proceso de vistas públicas. Por su parte Bhatia Gautier aseguró que “esta industria está cambiando y les aseguro que en 18 meses no va a ser lo que es hoy”.
Sobre el cambio de posición, Casillas comentó que luego de deponer en la Cámara de Representantes evaluaron su posición y tomando en consideración la situación fiscal del País “tenemos que enfocarnos ahora mismo en el mercado al por mayor y dejar al detal porque aportamos más a la situación económica de la Isla. Esto gracias a las conversaciones que hemos tenido con varios senadores y representantes”. Actualmente la subsidiaria On Net tiene contratos con municipios, el Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Contralor con los que genera cerca de $1.6 millones anuales.
Tal y como fue aprobado en la Cámara de Representantes, el Proyecto prohíbe a las agencias del gobierno y sus corporaciones públicas y municipios, vender servicios de telecomunicaciones al detal, incluyendo los servicios de banda ancha y acceso a Internet. De esta forma, se evitaría el “monopolio” por lo que la empresa privada puede ofrecer servicios de Internet sin la intervención del Estado aparte de que PREPA Networks podrá alquilar sus facilidades a compañías establecidas en Puerto Rico certificadas por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) para que utilicen la fibra óptica.
De hecho, esta pieza legislativa fue favorecida por la JRT y su presidenta nominada, Sandra Torres, porque “logrará salvaguardar las condiciones de mercado justas que fomenten la cabal competencia en la industria de las telecomunicaciones”. Torres comentó que le parece favorable que las compañías de la industria se reunan con la AEE para llegar a unos acuerdos pero que en lo que esa situación se hace viable pero se sostiene a la política pública.
Por su parte, el presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones Pedro Andrés comentó que “hace sentido” que el gobierno no compita contra la empresa privada ante la situación fiscal y económica que enfrenta y el impago de obligaciones. Indicó que cuando el Estado “comete el error” de convertirse en competidor de la empresa privada “ha emprendido un despilfarro de fondos públicos afectando adversamente a todos los que vivimos en Puerto Rico”.
Una medida similar fue aprobada el cuatrienio pasado por ambas delegaciones que componen la Asamblea Legislativa pero fue vetada por el exgobernador Alejandro García Padilla.
