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El Alcalde Roberto Ramírez denunció que dentro de su municipalidad existen muchos negocios operando ilegalmente.
«Hemos encontrado que diferentes negocios operan sin patente municipal, mantienen deudas por concepto de patentes e IVU, mientras generan ganancias personales y fomentan la competencia desleal, pues el comerciante que no cumple con la ley, está en mejor posición económica que el comerciante que si cumple. Esta práctica, aparte de ilegal, atenta contra el buen funcionamiento del Municipio ya que no puede recaudar los ingresos necesarios. mientras continúa ofreciendo los servicios que por obligación de ley presta a todo ciudadano» expreso Ramírez.
Para combatir dicha evasión, se aprobó una Ordenanza que autoriza al Director del Departamento de Finanzas Municipal y/o a cualesquiera otros funcionarios o empleados municipales designados por éste, en coordinación con la Policía Municipal y/o Estatal, para intervenir y cerrar cualquier tipo de negocio en la jurisdicción de Cabo Rojo, que esté obligado por ley a poseer patente municipal y/o a cobrar el IVU municipal, si el mismo tiene alguna deuda de patente municipal o no posean la misma; si tiene alguna deuda por concepto del pago del IVU municipal o hayan obtenido un plan de pago para cualquiera de ellas y no cumplan con el mismo. Se establece también el procedimiento de intervención y cierre del negocio y el derecho de revisión judicial para la persona afectada.
Otra Ordenanza aprobada autoriza al Alcalde a tomar todas las medidas extraordinarias que resulten convenientes para la protección de los fondos del IVU municipal y de la porción del IVU Estatal que por derecho le correspondan al Municipio, así como a retomar el sistema de recaudo de la porción del IVU municipal directamente en el Municipio. De igual modo, podrá adoptar nuevos mecanismos y herramientas beneficiosas para la efectividad del recaudo, establecer un proceso de orientación a los comerciantes para informarles sobre los nuevos procedimientos al momento de radicar su planilla de IVU municipal de Cabo Rojo.
Ramírez Kurtz sostuvo que dicha ordenanza surge porque los ingresos de Cabo Rojo, por concepto de IVU Municipal, reflejaron una notable disminución de $800,000 bajo el sistema de recaudación de la Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM), la cual también ha incumplido disposiciones de ley que imposibilitan una fiscalización efectiva de las cantidades transferidas con marcados atrasos en violación a los estatutos y derechos adquiridos por el Municipio.
Para recaudar fondos adicionales, otra de las ordenanzas autoriza a la Oficina de Finanzas del Municipio a cobrar a todos los negocios, el canon por el recogido de desperdicios sólidos al momento del pago de la patente municipal. Por su parte, el Alcalde podrá negociar o modificar los precios establecidos por la ordenanza cuando la necesidad del servicio y los mejores intereses del Municipio así lo requieran, al igual que la delegación de la administración y cobro de las tarifas indicadas, con el contratista que realiza el recogido de desperdicios sólidos en el municipio.
«El panorama fiscal del Gobierno Central representa un reto al poder y a la Autonomía Municipal. Ante esta amenaza y el riesgo que representa esta crisis económica, el gobierno municipal de Cabo Rojo se ve en la obligación de explorar y llevar a cabo todas aquellas medidas preventivas, extraordinarias, necesarias, convenientes y útiles que permitan afrontar esta emergencia y evitar desestabilizar económicamente al Municipio para proteger y sostener la prestación de servicios esenciales a nuestros constituyentes», sentenció Ramírez Kurtz.
