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Citando las palabras de la Fiscal Federal de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez cuando dijo “el amiguismo político y el favoritismo en la otorgación de contratos en el gobierno, nos ha ido vaciando las arcas gubernamentales”, fue como el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Adjuntas, Víctor “Vitito” Pérez, emplazó a las autoridades pertinentes a investigar en detalle un posible caso de inversionismo político en ese municipio.
El más reciente informe de la Oficina del Contralor (INFORME DE AUDITORÍA M-15-24) del 13 de abril de este año, señala que el municipio aumentó el valor de una obra 147 por ciento por encima del valor inicial del proyecto sin llevarlo nuevamente a subasta. Esto totalizó 11 órdenes de cambio y le sumo un total de $1,442,515 de dólares adicionales. El proyecto que en sus inicios fue contratado por $978,238, termino costando $2,420,753.
“Esta práctica que permite adjudicarle cambios a la contratación del mismo contratista por encima de los demás licitadores para luego proceder con la práctica ilegal de añadir órdenes de cambio de más del 30 por ciento del valor inicial para así favorecer y beneficiar al contratista es lo que tiene al municipio de Adjuntas en esta situación”, señaló Pérez.
El también aspirante a la poltrona municipal adjunteña recordó que el presupuesto actual del municipio es de $9.5 millones, y desde que Jaime Barlucea es alcalde el contratista principal del municipio ha tenido contratos que sobrepasan el presupuesto anual de Adjuntas.
“Hemos señalado anteriormente que el municipio tiene favoritismo absoluto con el contratista José Luis Rivera Hernández. Este contratista ha recibido de manera extraña $11.5 millones en contratos de un total de $12.3 millones que el municipio ha otorgado desde que Barlucea es alcalde”, destacó Pérez.
“Como dato curioso y sospechoso cuando se acerca el período electoral, el contratista que tiene contratos a su nombre con el municipio, cambia y obtiene los contratos a nombre de su corporación JL Rivera Construction. Ese mismo contratista compró y puso a su nombre el local donde ya ubicaba el comité del PNP de Adjuntas”, añadió.
El presidente del PPD en Adjuntas recordó que “en enero presentamos en conferencia de prensa junto al senador Martín Vargas un esquema de corrupción y fraude a la ley electoral donde el municipio otorga contratos a cambio de ayudas y donativos no informados; por tanto ilegales. En aquel entonces dialogamos sobre este contratista y el favoritismo absoluto que se tiene en el municipio con este señor. Es importante señalar que siendo contratista del municipio compro la sede del comité municipal del PNP en Adjuntas”.
En una búsqueda de los Informes del Contralor Electoral aparece que el PNP en Adjuntas pagaba una renta de $100 mensuales por 7 meses de renta a la hija de Rivera Hernández con una dirección en Juana Díaz.
Pérez destacó que “resulta sumamente sospechoso que el municipio contrate únicamente a este señor y su corporación. Peor aún, es que sea el mismo el dueño del local donde ubica el comité municipal”.
Esta situación pudiera estar violando la Ley de Ética Gubernamental que establece que un servidor público no puede solicitar o aceptar, por si o través de una persona privada o negocio, un beneficio de un contratista o de una entidad reglamentada por su agencia, para una actividad política.
“A esto le añadimos que al contratista Rivera Hernández se le ve activamente participando en la campaña del alcalde. Todo esto apunta a que se otorgan los contratos a cambio de beneficios dentro de un esquema de inversionismo político”, señaló Pérez.
“El pueblo de Adjuntas y Puerto Rico merece transparencia en la gestión gubernamental y pública por eso es importante que esto se aclare y que las autoridades atiendan este caso con la misma energía con la que han atendido los más recientes casos de corrupción. Estamos emplazando a el departamento de justicia y a Fiscalía Federal que se pronuncien sobre lo que a todas luces aparenta ser un caso claro de inversionismo político”, agregó.
