El presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), profesor Larry Emil Alicea Rodríguez, depuso hoy ante la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes para exponer varias preocupaciones de los miles de profesionales del Trabajo Social del país sobre los Proyectos 850 y 873.
La primera medida, que busca establecer programas de desvío a los fines de reeducar y readiestrar a primeros ofensores que incurren en conducta maltratante o negligente contra menores, y ordenar al Departamento de la Familia (DF) a elaborar las guías que regirá estos programas (…), contó con el respaldo del CPTSPR.
Alicea Rodríguez expresó que el Colegio promueve como primera alternativa la reunificación familiar. Sin embargo, destacó algunas áreas donde la legislación puede ser más específica. «Nuestros niños y niñas merecen vivir en un hogar libre de maltrato, y es en este contexto que entendemos que la ley debe ser más específica. En la medida no se indica qué tipo y cómo se implementarán los programas de reeducación o readiestramiento que se impartirán a los ofensores. Tampoco expresa qué ocurrirá con el menor de edad durante el tiempo que el padre, madre o cuidador se encuentre en estos programas,» destacó el Presidente.
En cambio, el mismo aval por parte de los profesionales del Trabajo Social no lo recibió el Proyecto de Ley 873. La legislación busca en gran medida facultar a los Trabajadores Sociales Escolares a radicar querellas en la Policía de Puerto Rico cuando identifiquen situaciones donde exista o se sospeche que exista maltrato y/o negligencia (…).
Aunque a primera vista se podría coincidir que los profesionales del Trabajo Social tienen el deber ético y la obligación legal de identificar y reportar toda situación donde se sospeche que un menor está siendo víctima de algún tipo de maltrato, la manera en que el Proyecto de la Cámara 873 quiere atender este tipo de situaciones no es la adecuada.
La medida no solo exige que los Trabajadores Sociales Escolares radiquen las querellas correspondientes ante la Policía, sino que tendrían que atender los casos cuando se presenten ante un Tribunal. Responsabilidades que no pueden tomarse a la ligera, ya que, según el gremio, no consideran los aspectos sociales, psicológicos y las complejidades que involucran las situaciones de maltrato.
«Las escuelas necesitan personal presente y activo para atender las situaciones que diariamente se presentan. Las Trabajadoras Sociales Escolares no pueden abandonar su escenario de trabajo ya que dejarían al resto de la comunidad escolar desprovista», destacó Alicea Rodríguez.
En lugar de exponer al resto del estudiantado a la ausencia de un Profesional del Trabajo Social, el Colegio recomendó que sea el personal del Departamento de Familia quienes sean los responsables de radicar las querellas necesarias. Según el Profesor, esta agencia tiene las competencias y el conocimiento especializado en el manejo de situaciones como estas. Competencias que la Policía de Puerto Rico no tiene necesariamente.
También destacó que el DF cuenta con recursos que no tiene una Trabajadora Social Escolar, tales como transportación, facilidad para ubicación de menores, entre otros. Así también tienen el peritaje para presentar casos en los tribunales.
«Es importante, destacar que una intervención sobre maltrato puede conllevar mucho tiempo, por lo cual de aprobarse este proyecto, tendríamos al único profesional de Trabajo Social que tiene una escuela fuera de ese entorno por uno o mas días dependiendo de la situación», indicó Alicea Rodríguez.
Para el Colegio, lo que este proyecto realmente no atiende es la raíz del problema: uno que se basa no en la existencia de «burocracia», sino de recursos y personal. «A estos efectos, el CPTSPR propuso, una vez mas, que se le reasignen fondos adicionales al DF, y se nombren a los y las Trabajadores Sociales necesarios para trabajar con prontitud la complejidad de todo caso presente y/o nuevo», concluyó
