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El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón Suárez, remitió hoy dos informes en torno a las medidas disciplinarias que aplicó sobre varios empleados y funcionarios, que incurrieron en incumplimiento de sus funciones durante una fuga ocurrida el pasado 19 de abril y que en otro caso, utilizaron sus posiciones para referir negligentemente, casos ante la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) y Programa SAVER .
«Con la ejecución de estas medidas disciplinarias que son el final de un proceso administrativo, dejamos entrever que el DCR no tolerará que nadie utilice su cargo en contravención a la misión y visión de este Departamento más aún en detrimento de la seguridad de los puertorriqueños», declaró el Secretario.
Detalló el titular del DCR, que 16 funcionarios del Departamento recibieron cartas de suspensión de empleo y sueldo, amonestaciones y destituciones, por períodos que se podrían extender entre los 15 y 40 días. Dichas suspensiones responden a que la negligencia en que incurrieron los funcionarios posibilitó que el pasado mes de abril, el miembro de la población correccional de la institución Guayama 296, Reynaldo Ortiz Rodríguez, evadiera la seguridad a través de un huevo que cavó en la pared de la celda en la que estaba asignado. Aseguró el Rolón Suárez que conforme a la investigación del caso #2017-04-00189-DCR, dicho hueco tomo alrededor de tres semanas en realizarse.
Por otra parte, el DCR destituyó a una funcionaria, técnica de servicios sociopenales, quien incurrió en negligencia durante el desempeño de sus funciones, cuando afectó los derechos de los miembros de la población correccional, al dejar referir casos a la JLBP y el Programa SAVER. La funcionaria bajo investigación en el caso #2016-08-00443-DCR, también dejó de tramitar bonificaciones, alteró remedios administrativos y falsificó firmas de los miembros del Comité de Clasificación.
«No hay, ni habrá tolerancia para la negligencia dentro del DCR. Todo funcionario debe estar seguro de que en cualquier caso de abuso o menosprecio de sus funciones, enfrentarán las consecuencias administrativas que su falta conlleve», agregó el Secretario.
Añadió Rolón Suárez que en el mismo caso, la supervisora de la técnica de servicios sociopenales, enfrentó una suspensión de empleo y sueldo, por haber ejercido negligentemente sus funciones de supervisión.
